Desafíos de la universidad pública latinoamericana

Por: José Narro Robles

José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

Un primer gran desafío de la universidad pública consiste en asumir a plenitud su papel como agente del cambio social en sociedades caracterizadas por graves desigualdades y pobreza. En asumir con claridad que el desarrollo de sus funciones académicas están condicionadas por su contexto histórico y social.
Para aportar al desarrollo económico y social de una mejor manera, las universidades públicas deben superar ciertas condiciones a las que se enfrentan en la actualidad, entre las que cabe destacar: la necesidad de ampliar sustancialmente su cobertura; el reforzamiento necesario de la calidad académica; la consolidación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; así como lograr el financiamiento pertinente para el desarrollo de sus funciones y actividades.
La cobertura de la matrícula universitaria en América Latina es muy baja, inferior por supuesto a la cobertura registrada en los países desarrollados y se ubica por debajo del promedio de la OCDE. En 2010, con una matrícula total de educación superior de 21.4 millones de alumnos, la cobertura promedio en este nivel educativo era apenas de 36 por ciento, con diferencias notables entre los países. Mientras la cobertura en educación superior en Argentina llegaba a 71 por ciento, en Uruguay a 63 por ciento y en Chile a 59 por ciento, en México apenas alcanza 34 por ciento, en tanto que tenemos países con porcentajes menores a 25 por ciento como El Salvador (23), Belice (21) y Honduras (19).
El carácter público entraña la responsabilidad de abrir las puertas del conocimiento a los jóvenes capaces de los estratos sociales más pobres, muchos de los cuales son los primeros de sus familias en acceder a la educación superior.
Es un hecho que la baja cobertura en educación superior, más que un problema de las universidades, lo es de la sociedad en su conjunto, es decir, se trata de un problema que tiene que ser resuelto por el Estado nacional, por los poderes instituidos y por la misma sociedad. Parte de la responsabilidad de las instituciones públicas de educación superior consiste en llamar la atención sobre este tema y presentar propuestas para contribuir a su solución. Un recurso para avanzar en este sentido es, sin duda, la cooperación e integración educativa regional.
Otro desafío fundamental de las universidades públicas consiste en elevar y garantizar la calidad de sus actividades académicas. La necesidad y exigencia de calidad aparece como una consecuencia necesidades sociales o, en todo caso, como una condición necesaria para su cabal cumplimiento.
Es necesario superar el modelo tradicional de la “universidad profesionalizante” y fortalecer los estudios de posgrado, en particular los de doctorado, ya que esto permitirá incrementar las capacidades de investigación de la región y contar con los expertos y profesionales de alto nivel necesarios para lograr una mayor productividad y competitividad internacional.
Un reto crucial para la transición a la economía y la sociedad del conocimiento, radica en la necesidad de que se incrementen sustancialmente las actividades de investigación en todas las áreas del saber. Aunque hay diferencias entre países, la inversión media en investigación y desarrollo en nuestra región es baja, apenas llegaba al 0.69 por ciento del PIB en 2010. El promedio de Europa en ese año fue de 1.83 por ciento, casi tres veces la cifra de nuestra región y de la OCDE 2.28. Además de que hay países como Israel que destina a la investigación 4.4 y Suecia 3.7 por ciento de su producto.
La formación de nuevos investigadores en América Latina, con notables diferencias entre países, es también reducida. En 2010, esta cifra llegó a los cerca de 15,250 en nuestra región, cantidad poco significativa frente a los 53,600 graduados de los Estados Unidos en ese mismo año. En adición, se debe recordar que más de la mitad de los doctores graduados en América Latina correspondieron a Brasil.
América Latina enfrenta también el reto de la innovación. Es cierto que la educación superior y sus instituciones tienen que vincularse más al sector productivo, pero también lo es que el sector productivo tiene que interesarse más en generar y promover la ciencia y la tecnología. Un indicador del rezago al respecto es el dato de que en 2010, del total mundial de patentes triádicas (solicitadas en Europa, Japón y Estados Unidos) que ascendió a 47,500, Latinoamérica sólo aportó 81 registros, el 0.2 por ciento. Además de que únicamente tres países latinoamericanos las generaron: Brasil con 60, México con 12 y Chile con 9 patentes.
El reto de la innovación tecnológica debe ser abordado por las universidades públicas en colaboración con el Estado y la iniciativa privada. La inserción competitiva de nuestros países en el escenario global requiere de ciencia y tecnología propias. Seguir dependiendo de lo que viene de otras latitudes equivale a condenarnos a ser una región maquiladora, a sacrificar soberanía, a hipotecar parte del futuro de nuestras sociedades.
Para enfrentar todos estos desafíos se requiere de un adecuado financiamiento para la educación superior. Considerando únicamente el gasto por estudiante, este es significativamente menor en nuestra región al de los países desarrollados. En dólares para fines comparativos de 2009, Chile y México hicieron una inversión de 6,800 y 8,000 al año, respectivamente. En esta materia, cabe destacar el esfuerzo educativo de Brasil cuya inversión por estudiante alcanzó ya los 11,700 dólares anuales. Sin embargo, en ese mismo año, el gasto promedio por estudiante de la OCDE se ubicó en 13,700 dólares. En la mayoría de los países de América Latina este indicador es muy bajo, por debajo del 50 por ciento.
Importancia de la cooperación interinstitucional en la región
Para enfrentar los desafíos de la universidad pública latinoamericana un recurso importante radica en la cooperación e integración regional. El contexto de historias y culturas comunes y de grandes desigualdades económicas, sociales y educativas en la región, demanda que se hagan los esfuerzos necesarios para lograr una mayor cooperación entre las universidades públicas, lo que contribuiría a reducir las brechas regionales, a apoyar el fortalecimiento de la estructura educativa y a impulsar el desarrollo científico regional.
La cooperación es condición ineludible para que los países latinoamericanos puedan transitar realmente hacia una sociedad basada en el conocimiento. Para ello, las universidades públicas deben adoptar una posición más activa en sus respectivas naciones.
Cualquier propuesta o estrategia común al respecto deberá considerar al menos tres ejes fundamentales: la movilidad regional de académicos y estudiantes; la creación de un nuevo modelo de universidad latinoamericana, y el impulso al Espacio Común Latinoamericano de la Educación Superior y la Investigación.
No partimos de cero, existen proyectos en marcha y una enorme experiencia ganada en el pasado. Podemos impulsar una gran “Carretera del Conocimiento” para que nuestros alumnos y académicos vayan de una institución a otra, de un país a otro, para que el proceso del conocimiento se enriquezca en beneficio de todos. En esto tenemos la referencia del exitoso proyecto Erasmus de la Unión Europea.
Es una responsabilidad de las universidades públicas latinoamericanas incrementar la cooperación interinstitucional para compartir los conocimientos y experiencias sobre los principales problemas, también compartidos, que enfrentan las naciones de la región. Hoy contamos con más herramientas que nunca para reforzar esta cooperación. Las tecnologías de la información y la comunicación nos dejan sin excusas.
Comentarios finales
Frente a los rezagos y retos que enfrenta nuestra región, es imprescindible reivindicar el derecho a la educación, porque constituye la vía primordial para el acceso al conocimiento y para la superación humana, tanto de individuos como de grupos y colectividades.
Concebir a la educación como un derecho humano, lo he repetido incansablemente, es uno de los mayores avances éticos de la historia. A medida que se expande el papel del conocimiento, el derecho a la educación debe garantizarse a un nivel cada vez más alto. Como un bien público y social, la educación superior debe llegar a ser accesible a todos, bajo criterios de calidad, equidad y pertinencia.
América Latina necesita una educación superior que eleve sus capacidades científicas y técnicas, pero también que produzca valores ciudadanos. La educación superior no puede reducir su labor a preparar únicamente buenos profesionales, también tiene el compromiso de formar ciudadanos responsables con valores y principios laicos, que trabajen por una sociedad y un mundo mejores.
La educación superior, sobre todo la pública, es un poderoso instrumento para abatir la desigualdad y la pobreza. Para los sectores más desfavorecidos, constituye un medio importante de movilidad social ya que permite contar con mejores oportunidades de inserción en la vida laboral, social, cultural, política y económica.
Un gran compromiso de las universidades públicas es el de ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. El conocimiento tiene una gran responsabilidad con la humanidad para ayudar a disminuir las abismales desigualdades que caracterizan a muchas de las naciones de nuestra región. El conocimiento no puede ser neutro, tiene que tomar partido por lo humano.
En las universidades públicas se debe participar más activamente como conciencia crítica de la sociedad. Por ello conviene reivindicar la defensa y promoción de las humanidades y las ciencias sociales. Porque la innovación que requieren nuestras sociedades no puede ser únicamente la que proviene de las tecnologías o de las así llamadas ciencias duras. Necesitamos también innovación en lo social. Innovación que a su vez requiere de creatividad para solucionar problemas de siglos como los que nos aquejan.
Para poder empezar a poner punto final a estas situaciones indignas que enfrentan millones de latinoamericanos, es necesario no sólo buscar nuevas soluciones, sino también nuevos enfoques de los problemas. Tal vez lo que ha impedido encontrar esas soluciones, es que no hemos sabido definir claramente los problemas. Y para eso no hay nada mejor que las metodologías, técnicas de los enfoques de las ciencias sociales.
Las humanidades, por su parte, nos dan pistas del pasado, nos describen las experiencias que ya han enfrentado nuestras colectividades, pero también son las disciplinas adecuadas, a través de las artes, la filosofía y la historia entre otras, para atisbar el futuro, para obtener las herramientas que nos permitan ejercer la creatividad y vislumbrar utopías y nuevos caminos para lograr la sociedad equitativa y justa que todos deseamos.
Por todo ello no debemos permitir que las universidades públicas sufran los prejuicios derivados de modelos de desarrollo regidos primordialmente por el culto al mercado y los valores pragmáticos, modelos donde el valor de las personas depende fundamentalmente del éxito alcanzado en términos económicos.
Tengo la certeza de que el trabajo de las universidades públicas constituye uno de los mejores antídotos contra la desigualdad social. Por ello debemos pugnar porque cada vez un mayor número de jóvenes pueda adquirir una formación universitaria pertinente y de calidad. Por ello debemos insistir y convencer a nuestros gobernantes de la conveniencia de incrementar el financiamiento público destinado a la educación superior, la investigación y la cultura.
En el contexto del mundo actual, más global e integrado, en el que varios de los países emergentes van a ser los protagonistas del crecimiento mundial, Latinoamérica tiene un enorme potencial que debe ejercer a lo largo del próximo decenio y que le puede conducir al desarrollo. Parafraseo a Lula Da Silva: “América Latina está cansada del subdesarrollo”. La mejor vía para salir de él es, sin duda, la educación, en particular la superior. Lo es porque con buenos niveles es más fácil construir el porvenir.
Al respecto, vale la pena señalar que en la vida, todos tenemos el derecho de dignificar nuestro futuro, esto vale lo mismo para pueblos que para individuos. En todo caso, la posibilidad incluye también la opción de cumplir con una responsabilidad histórica o la de rehusar esta obligación. A las nuevas generaciones les corresponde actuar en consecuencia.
Deseo fervientemente que optemos por nuestra utopía, por la que deberá ser en dos o tres décadas una realidad diferente a la que hoy nos empaña.

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