Hacinamiento y baja calidad educativa

Eduardo Ibarra Aguirre

Con todo y la reforma “estructural” educativa que prácticamente arrancó con el sexenio, México cuenta con las escuelas más pequeñas de los países evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero con los grupos escolares más grandes.

Hacinamiento es el vocablo que mejor define la situación que se vive o padece en los salones de clase mexicanos en la primaria, secundaria y bachillerato, de acuerdo con el Segundo estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje 2013 (Talis, por su siglas en inglés) que compara indicadores en la materia de 34 naciones.

El promedio de niños mexicanos en un salón de clase de primaria es de 26.3 contra 20.3 de los demás países evaluados. En la secundaria la situación es peor, 30.3 escolares en México contra 24.1 en el promedio de la OCDE.

Y en bachillerato México –sus gobernantes, políticas y programas de ayer y de hoy–, llega al extremo de meter en la misma aula a 33.9 estudiantes como promedio, mientras el estándar de la OCDE es de 24.1.

Las cifras del reporte muestran que mientras que se avanza en nivel escolar en el resto de los países de la OCDE el número de estudiantes por aula disminuye, mientras que en México ocurre exactamente lo contrario, notándose un cuello de botella en la cobertura, que se amplía en el nivel de preparatoria. “El tamaño del salón de clases es importante en el ámbito educativo, ya que se ha encontrado que las escuelas con menos alumnos presentan un mejor clima organizacional y sus estudiantes logran mejores resultados”, dice el estudio.

Mas el problema no es centralmente presupuestal, pues de acuerdo con el Reporte de capital humano del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México está ubicado en el lugar 102 de los 124 países en los que evaluó la calidad de la educación en las escuelas primarias, en base a una radiografía que midió 46 indicadores.

Concluye que la calidad de la educación “es carente”, sobre todo en matemáticas y ciencias. Señala que el gobierno mexicano “gasta 5.19% del producto interno bruto en educación, pero  la calidad contrasta con la de Chile y Uruguay –ambos ocupan el lugar 82 del ranking– y gastan en promedio 4.5% de su PIB en educación”. El reporte lo encabezan Finlandia, Noruega y Suiza.

Estos valiosos estudios no contemplan la sistémica corrupción como el aceite que hace funcionar el aparato político y educativo, desde la cúspide hasta la ancha base social de la pirámide. Baste de ejemplo que los subsecretarios que llevaron a cabo la reforma educativa de Enrique Peña, la OCDE (encabezada por José Ángel Gurría, el pensionado precoz de Nacional Financiera) y Emilio Chuayffet, fueron despedidos para colocar a los amigos mexiquenses sin importar experiencia y conocimientos, y asegurar así los grandes negocios de las adquisiciones públicas para beneficio privado.

En la víspera del Día del Maestro –la mitad estima que la sociedad no aprecia su labor–, el titular del Ejecutivo federal defendió ante los líderes oficialistas del magisterio su reforma educativa y los convocó, dos años después, a ser protagonistas de su materialización.

Líderes del SNTE debido al encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, exjefa y amiga de Juan Díaz de la Torre, gracias a que la traicionó para encaramarse en el timón con la ayuda del gobierno que preside un señor que confunde con frecuencia capitales de los estados y convierte en entidades federativas a los municipios, a pesar de la maestría que cursó pero no se tituló, me explica un periodista acucioso en los grados académicos que ostentan los políticos.

Acuse de recibo

“Lo que deben insistir es que se tomen bien las averiguaciones de los policías detenidos y el culpable numero uno: el gobierno”. Lo anterior dicta la lectora Lilia Cárdenas a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, con motivo del texto anterior, Diligencia con soldados de Iguala (13-V-15)… Sobre el mismo tema, comparto esta crítica: “Sea como sea, el uso irracional y excesivo de la policía no se justifica nunca, en ningún lado y por ningún motivo. Además, no digo que sea cierto, ¿pero qué culpa tendrían los trabajadores de San Quintín si los incitaron o engañaron algunos de la CNTE? ¿Por eso merecerían ser maltratados por la policía y a que no se les diera la razón en sus peticiones laborales?”… Como la lectora del puerto de Veracruz establece claramente “No es para publicar”, omito su nombre, pero contra la costumbre en este espacio de los lectores, subrayo que mi quehacer nada tiene que ver con justificar las conductas represivas de los tres órdenes de gobierno y sí con explicar políticas y sucesos contextualizándolos. En todo caso reconfirmo que mencionar prácticas vandálicas desde el movimiento social, incluso las hechas por infiltrados y provocadores como lo mencioné,  tiene incomprensiones o no supe hacerlo correctamente.

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