La certificación, impulso del Estado para la superación profesional

TALANCON5

La historia, la educación y el futuro son temas que se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Son aspectos de nuestra realidad que tienen tejida una estrecha red de lazos que vinculan de forma cada vez más sólida una al otro. La historia y la educación forman una simbiosis interminable y fatal que determina el perfil de nuestro futuro. La revolución tecnológica, como eje central del vertiginoso proceso de transformación económica social y cultural que caracteriza al mundo de nuestros días, ha colocado al conocimiento, a la información y con ellos a la educación en posición estratégica, que exige atención privilegiada, si no se quiere incurrir en lamentables rezagos que se vuelvan cada vez más irrecuperables.

Todo indica que el conocimiento y la información irán incrementando todavía más su ya significativo peso como motor fundamental del desarrollo de las sociedades. Todo esfuerzo, toda aportación adicional que hagamos en favor de las trascendentales tareas educativas, será no sólo un justificado y necesario empeño, sino también una manera de garantizar la presencia de nuestra sociedad y la permanencia de su organización política.

En efecto, el desarrollo del conocimiento, como sustento básico, como imprescindible soporte de todo proceso de análisis, clasificación y selección de información requiere a su vez del prolongado y permanente apoyo de la educación. Sin una adecuada educación, no es posible alcanzar un sólido conocimiento y sin un sólido conocimiento no es posible aprovechar ni tamizar el diluvio de información que está permanentemente generándose en el mundo moderno.

La educación por ello, es un proceso que no se termina en los niveles meramente escolares y académicos. La educación será entonces aprender a aprender, un proceso permanente de aprendizaje, de actualización, de comprensión y de reflexión del conocimiento.

En nuestros días existe alrededor del mundo un modelo generalmente aceptado acerca de cómo debe ser la formación de académicos y profesionales en aras de alcanzar un auténtico desarrollo. Este modelo paradigmático expresa la relación Estado/profesionistas-sociedad/universidad, como una asociación entre iguales, relativamente independientes, de esferas institucionales que se traslapan y toman el papel de las otras.

Es prudente conceptualizar esta relación como un modelo a seguir, siempre y cuando puntualicemos acerca de sus elementos constitutivos.

Por lo que se refiere a “universidad”, derivado del marco jurídico existente, debemos referirnos a ella como “instituciones de educación superior”, en el entendido de que no todas las instituciones de educación superior son universidades, sin embargo, todas las universidades son instituciones de educación superior. En esta relación encuentran su expresión, no sólo los procesos formativos del individuo, sino además todas las instituciones que aportan y abonan a la calidad del proceso educativo, esto es la acreditación.

Luego tenemos a la sociedad, donde se inserta en gran medida al sector profesional, los egresados de las instituciones de educación superior, en donde desarrollarán sus conocimientos, habilidades y aptitudes en beneficio de la propia sociedad con el objeto de allegarse las herramientas para su subsistencia. Por ello, lo referimos como “sector profesional” y en él incluimos a las instituciones públicas, a las organizaciones sociales, empresas privadas, y particularmente, a las asociaciones y colegios de profesionistas. En esta relación encuentran su ubicación los procesos de actualización permanente y por ende, de habilitación del ejercicio profesional, así como los mecanismos de evaluación, o sea, la certificación profesional.

El tercer elemento, el “Estado”, bajo la premisa de que el gobierno sólo es uno de sus elementos constitutivos, y no representa en su totalidad al conjunto de instituciones que participan en la organización de la sociedad. En esta dialéctica se ubican las políticas públicas, las instancias, y la vinculación que articulan la responsabilidad del Estado para vigilar el ejercicio profesional, para que éste se realice en el más amplio sentido legal y ético, coordinando por un lado a la educación superior y por el otro la habilitación del ejercicio profesional.

En ese sentido, el concurso, y la alianza entre el Estado, las instituciones de educación superior y el sector profesional, requiere nuevos aprendizajes, comunicaciones y rutinas de servicios por parte de las instituciones que producen, difunden, capitalizan y regulan los procesos de generación y aplicación del conocimiento útil. Como lo señala Henry Etzkowitz, autor de la teoría de la “triple hélice”, la relación paradigmática es la dinámica concertada interactiva que se acopla a los proyectos, comunicaciones y nuevas clases de valores compartidos1.

Este modelo nos explica de manera detallada este necesario enlace, haciendo especial énfasis en la vinculación como un aspecto estratégico para la formación del estudiante que se integra al campo laboral, cuyos efectos también pueden impactar en el diseño curricular y la elaboración de planes y programas de estudio que realizan las universidades para que respondan a las necesidades de la sociedad.

La vinculación también es un proceso que involucra actitudes solidarias y de manejo de valores humanos que contribuye a la grandeza de la universidad para alcanzar las metas diseñadas en planes y programas de estudio con alcances sociales y colectivos.

Es en esta importante labor de vinculación, el Estado adquiere relevada importancia, puesto que por medio de mecanismos como la certificación profesional, va a garantizar a la sociedad, que la formación de los profesionistas llevada a cabo por las instituciones de educación superior, es idónea; por lo que se refiere a conocimientos, aptitudes y habilidades profesionales.

La certificación de habilidades, conocimientos y aptitudes proviene de una corriente de pensamiento social contemporáneo que pone énfasis en la vinculación entre el sistema educativo y el productivo para lograr la afinidad entre la capacitación de los profesionales y las necesidades de desarrollo de una sociedad.

Jurídicamente, la participación del Estado con efectos vinculantes entre las instituciones de educación superior y el sector profesional, se hace obligatoria en términos de los artículos 3º. y 5º. Constitucional y que encuentra su expresión en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que le otorga entre las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, el vigilar con el auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones; para el debido cumplimiento de esa atribución, la Dirección General de Profesiones es la responsable de la vigilancia del ejercicio profesional y es el órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas2.

Las principales funciones de la Dirección General de Profesiones que sustentan su participación en la implantación de esta medida son:3

• Participar en la instrumentación de medidas para elevar la calidad de los servicios profesionales.

• Proponer la adopción de medidas de coordinación para uniformar las normas a que deberá sujetarse el ejercicio profesional en la República Mexicana.

• Coordinar la participación de los colegios de profesionistas en la elaboración de la normatividad y criterios para el reconocimiento de licencias y certificados a prestadores de servicio profesionales de otros países, con los que México tenga tratados celebrados sobre la materia.

Por los servicios que prestan, y los puestos que ocupan en la iniciativa privada y en el sector público, los profesionistas constituyen uno de los rubros más dinámicos en la especialización, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización.

Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional. Algunos, han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad. Con estos procesos se han certificado profesionistas con diversos niveles de especialización.

La Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones, vigilan que los procesos de certificación de profesionistas cumplan con márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad, a efecto de evitar conflictos de intereses y calificar la idoneidad de esos procesos que las asociaciones y colegios de profesionistas realizan, ya que la certificación profesional es una evaluación del ejercicio de una profesión y la vigilancia de su correcto desempeño, que le corresponde a la autoridad educativa federal.

En consecuencia, la Dirección General de Profesiones ha considerado necesario invitar a las asociaciones y colegios de profesionistas, a que coadyuven en la vigilancia del correcto ejercicio de la profesión, y en su caso, obtengan de la Secretaría de Educación Pública la calificación de idoneidad de sus procesos de certificación profesional.

Para tales efectos, la autoridad educativa federal instaló el Consejo Consultivo de Certificación Profesional, integrado por: las autoridades en materia de profesiones de ocho Entidades Federativas; las Secretarías de Economía, Salud, Trabajo y Previsión Social y Educación Pública; la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

Con el apoyo de este Consejo, se han definido las características que deberán reunir las asociaciones y colegios de profesionistas que podrán ser consideradas como apropiadas para auxiliar a la Dirección General de Profesiones, en la vigilancia del ejercicio profesional en lo que se refiere al aspecto de la certificación profesional.

En este orden de ideas y con el propósito de garantizar la confiabilidad de los procesos de certificación profesional, acompañada de las autoridades estatales competentes, la Dirección General de Profesiones realiza la vigilancia de esta forma de ejercicio profesional, con auxilio de las asociaciones y colegios de profesionistas.

En consecuencia, la Dirección General de Profesiones ofrece a las asociaciones y colegios de profesionistas, interesados en la vigilancia del ejercicio profesional la posibilidad, mediante un proceso simplificado, transparente y abierto, de calificar la idoneidad de sus procesos de evaluación en materia de actualización de conocimientos y experiencia para la certificación de profesionistas y considerarlas como auxiliares de esta autoridad en la materia de referencia.

Lo anterior, evidencia la existencia de una política pública a favor de la calidad de los servicios que prestan los profesionistas a la sociedad y se entiende como la actualización continua del egresado de las instituciones de educación superior, que se ve fortalecida con las acciones de evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio de las carreras universitarias.

De esta forma se abarcan dos aspectos fundamentales:

• Acreditación, que compete al periodo formativo del individuo (estudiante);

• Certificación, que compete al ámbito de aplicación de sus habilidades, conocimientos y destrezas (profesionista).

La certificación profesional viene a abonar al gran esfuerzo que se viene realizando por parte de la Comisión de Coordinación de los Organismos de Evaluación de la Educación Superior (COCOEES), creada a iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior, y donde participan los organismos de evaluación de la educación superior como una estrategia de colaboración que permita avanzar en la articulación y consolidación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, que consideró prioritario establecer una mesa de trabajo de Certificación de Profesionistas, integrada por: la Dirección General de Profesiones (DGP) como coordinador de los trabajos; la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; la Dirección General de Educación Superior Universitaria; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); EL Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL); el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con la finalidad de sumar los trabajos y esfuerzos de estudio y análisis en materia de acreditación y certificación con las demás mesas de trabajo instaladas por la COCOEES, tales como:

• Evaluación y acreditación de programas educativos

• Evaluación del desempeño del personal académico

• Evaluación del desempeño estudiantil y

• Acreditación institucional

Uno de los principales retos para la educación de nuestro país, es encontrar los mecanismos institucionales adecuados para articular esta triple relación; a) la calidad de la educación superior que permita contar con egresados altamente competitivos, con los conocimientos, habilidades y destrezas actualizados, con el apoyo de los procesos de acreditación; b) garantizar que los procesos de evaluación permanente realizados por los propios profesionistas, se traduzcan en servicios profesionales de calidad para la sociedad, de manera que la certificación profesional, más que ser obligatoria, deba ser necesaria y c) La supervisión y responsabilidad del Estado al establecer políticas públicas que regulen, controlen y fomenten dichas acciones en beneficio de la sociedad.

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