La Banca en México

El tema “La Banca en México”, nos remite a uno de los rubros mas polémicos en la historia reciente del país y que constituye en la actualidad uno de los principales obstáculos para su desarrollo.

México, país donde prevalece de manera creciente la corrupción y la impunidad, encuentra en la banca mexicana hoy transnacionalizada, su principal componente donde se acentúa con mayor sordidez la descomposición social que vivimos, al grado tal que su actividad cotidiana impulsa ya la ingobernabilidad en el país.

En la actualidad la banca extranjera controla mas del 80% de los activos del mercado bancario y con ello del crédito, de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existen actualmente 40 instituciones que son consideradas de banca múltiple, integradas por 9715 sucursales instaladas en toda la República Mexicana y en la que laboran 148,998 empleados.

En México los bancos y las instituciones financieras han cobrado notoriedad en los últimos años, no por su contribución al desarrollo del país como es su responsabilidad, si no por las arbitrariedades y abusos que cometen cotidianamente en contra de los usuarios con toda impunidad, de acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cada año se presentan miles de demandas contra los bancos por diferentes delitos que afectan su patrimonio. En 2007 las demandas en la Condusef superaron las 150 mil denuncias; los delitos mas frecuentes en el sistema bancario son la desaparición de cuentas bancarias y los cargos indebidos tanto en tarjetas de crédito como de débito. En estas últimas los rubros son de mayor cuantía en virtud de que están sustentados en las propias cuentas bancarias de los usuarios.

En el caso de las tarjetas de crédito nos encontramos con que existen mas de 50 comisiones diferentes por su uso y se aplican discrecionalmente a criterio de las diferentes instituciones bancarias, lo verdaderamente depredador son las tasas de interés vigentes que van del 85% a mas del 100% anual, mientras que los rendimientos que ofrecen los bancos a los usuarios en cuentas de ahorros van tan sólo del 3.5% al 7.5% anual, como podemos observar el diferencial en los rendimientos a favor de los bancos es abismal, o sea negocio redondo único en el mundo en el que se identifica el contubernio oscuro de las autoridades responsables de normar y regular esta actividad.

Como si no fuera suficiente con los ingresos que obtienen por este concepto, también los cargos indebidos en las tarjetas de crédito son una constante en las que de manera periódica aparecen en los estados de cuenta, operaciones que nunca se realizaron, los montos del fraude son en proporción directa del crédito autorizado. Si esto lo aplicamos a que actualmente circulan más de 27 millones de tarjetas, el fraude o mejor dicho el robo equivalen a muchos cientos de millones de pesos mensualmente.

El reclamo de estos despojos cuando se hace, regularmente termina en instancias ajenas a los bancos, en lo que por lo general el demandante termina por olvidarse del asunto, como es el caso de la Condusef que funciona como arbitro parcial a favor de la banca ya que sólo demora, distrae y aburre a los reclamantes, y cuando a pesar de todas las trabas se gana el diferendo, aun así los bancos se niegan a pagar y la Condusef se lava las manos argumentando que no tiene facultades para obligar la reparación del daño, la pregunta es, sí no tiene atribuciones o capacidad legal para resolver, cual es el caso entonces  de mantener vivo este elefante blanco.

El Estado también promueve compulsivamente la utilización de las tarjetas de crédito para el pago de todo tipo de servicios, como fue el caso de la gasolina, de la cual, la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público amenazo que si el pago no se realizaba con tarjeta bancaria no se proporcionaría el respectivo comprobante fiscal. Lo que sólo ante el alud de protestas tuvo que dar marcha atrás a esta medida, obviamente el propósito de la dependencia era la de favorecer a los bancos con nuevas comisiones, como es el caso de las carreteras de cuota y una lista interminable de beneficios, lo anterior por lo menos genera la duda de una inmoral colusión.

Desde hace un par de años a la fecha los bancos han emprendido una inexplicable campaña, para la gente común, de prácticamente volantear las tarjetas de crédito en las plazas comerciales de todo el país, atrás quedaron los requisitos laborales o las referencias de crédito, promotores abordan a todo el mundo y ofrecen los plásticos sin mas requisitos que una copia fotostática de su credencial de elector, atrás quedo el temible buró de crédito, con toda facilidad acceden a este instrumento la población de bajos recursos que anteriormente estuvo marginada de este servicio.

Millones de tarjetas han sido distribuidas bajo este sistema. Al paso del tiempo un porcentaje muy elevado de usuarios muestra insolvencia para el pago, con lo que los bancos pasan a la fase dos, y que es la de echar mano de un sinnúmero de despachos de abogados, a los que pasan las listas de morosos y así se inicia una desgastante persecución que va desde las amenazas de embargo hasta el terrorismo telefónico en horarios inapropiados, hasta que finalmente el usuario usa las palabras mágicas, no pago y asumo cualquier consecuencia, en ese momento se suspende el acecho.

Cabe destacar que los bancos en este proceso no aplican ningún desembolso en virtud de que a los despachos que son contratados se le paga comisión sobre los resultados, lo que ellos inmoralmente si cobran al usuario o al Estado.

La fase tres consiste, en que dadas las circunstancias de los nuevos usuarios, sólo el 20% de los cobros se materializan y que el 80% restante se identifica como incobrable, por lo que se procede a documentar por una cantidad muy superior al monto del crédito, ya que le aplican gastos de cobranza, gastos legales, multas, intereses sobre intereses, que al final triplican o cuadriplican el monto original del crédito y si esto lo multiplicamos por los millones de morosos, las ganancias que obtienen los bancos por este concepto, son impresionantes, lo que muestra una enorme carga de inmoralidad y saqueo, ya que una vez documentado se canaliza a través de un pagare al IPAB, lo que implica que el adeudo se pagara con recursos fiscales o sea lo pagamos todos los mexicanos.

También las cuentas bancarias se han convertido en otro jugoso negocio ilícito de los bancos, pero de mayores proporciones, en las que se aplican al igual que en las tarjetas de crédito no sólo cargos no realizados, si no que también en trámites de rutina, como es el de solicitar la reposición de una chequera que si no se tiene la precaución de contar cheque por cheque tendrá que pasar por la amarga experiencia de que su cuenta desapareció, para ello cuentan con calígrafos que imitan perfectamente las firmas, lo cual complica aun más los reclamos, y esto servirá de base para que el aparato legal de los bancos le revierta la demanda, acusando a las victimas de auto-robo y con ello se habrá consumado el  fraude que no sólo es de miles si no incluso de millones de pesos; de ello dan constancia también, las múltiples denuncias y demandas que son presentadas y subidas a la red y que pueden ser consultadas en www.robosbancarios.com, la postura de organismos como la CONDUSEF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, opera como siempre a favor de estos delincuentes de cuello blanco.

Se suma a esta gama de robos y fraudes la llamada “Banca Electrónica”, en la que por disposición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, todas las personas morales (empresas) tendrán que pagar, obligadamente, sus impuestos por esta vía es decir las oficinas receptoras ya no reciben el pago de impuestos para este tipo de contribuyentes.

Esta medida también beneficia a los bancos, ya que tiene que pagarse una anualidad por el servicio y comisiones por consulta de saldos o cualquier otro concepto. Sin embargo esto también a facilitado la actividad depredadora de los bancos, ya que al no existir documentos que sustenten las operaciones, como los cheques firmados, ahora con un teclazo desaparecen las cuentas bancarias o se hacen cargos indebidos, dificultando aún mas los reclamos ya que en muchos casos aparecen transferencias a otras partes del país en cuentas patito o del extranjero (regularmente a paraísos fiscales como Islas Caimán o las Bahamas), con lo que se consuman cuantiosos robos en los que difícilmente podrá recuperarse el patrimonio robado. El argumento de los bancos es que los hackers, pishing, pharming, troyanos y virus entran al sistema y cometen todo tipo de ilícitos, cuando lo cierto es que los únicos hackers son los banqueros y sus empleados. La delincuencia organizada esta adentro, ellos saben quienes cometen los fraudes y los encubren e invariablemente niegan información a los defraudados y a las autoridades porque ellos son el foco de infección y los beneficiados.

A todo lo anterior habría que agregar que muchos de los secuestros que cotidianamente se realizan en el país tienen su origen en información proporcionada por los bancos. En innumerables casos los afectados de este delito han señalado que los delincuentes conocían perfectamente el monto de los fondos en sus cuentas bancarias, información que sirvió de base para solicitar el rescate.

La Banca en México (transnacionalizada), es en la actualidad una de las mas exitosas del mundo, nuestro país se ha convertido en el mejor negocio que la banca extranjera ha realizado en los últimos años.

Según un reciente informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desprende que de enero a marzo de 2008, la banca obtuvo ingresos del órden de 19 mil 439.2 millones de pesos, esto es 5.2% más que el mismo periodo del año pasado. Es decir que durante los tres primeros meses del presente año, la banca comercial obtuvo esta enorme cantidad de recursos por concepto de: manejo de cuenta, uso de crédito, retiros de cajeros, consultas de saldos, cheques rechazados (por este rubro cobran de $ 800.00 a $ 1,000.00 si el usuario falla se le castiga pecuniariamente, si el banco falla, no hay ninguna sanción), tarjetas de crédito, pago de servicios en ventanillas, o sea que para las instituciones financieras no es necesario destinar recursos al crédito productivo, ya que tan sólo con el cobro de servicios y comisiones obtienen beneficios por encima de lo que generarían en cualquier otro país del mundo.

Es importante señalar que en sus países de origen estas instituciones trasnacionales de Estados Unidos y Europa, no aplican estas reglas, que son del todo arbitrarias y recaudatorias. La pregunta es ¿Por qué en México sí? por la intrincada madeja de intereses construidos por las élites políticas y empresariales locales con la banca extranjera radicada en el país.

Como antecedente de esta intrincada red de intereses que tienen al país en banca rota, destacamos algunos acontecimientos que marcaron a México en los últimos años.

El inicio de esta macabrable crisis se remonta a 1982, año en que se llevo a cabo la Nacionalización de la Banca. Tras la devaluación del peso de 26 a 47 pesos por dólar. Ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional, el gobierno de López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. La Federación tuvo que desembolsar tres billones de pesos (viejos) para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25,000 millones de dólares.

El Crack de la Bolsa Mexicana de Valores denoto en 1987, una vez concretada la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en la bolsa a costa de la deuda pública interna y de que la inversión se convirtiera en especulativa. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1987 provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar, golpe con el cual prácticamente desapareció la clase media en el país.

En el año de 1990 se inicia lo que mas tarde devastaría la economía del país, la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el gobierno de Salinas de Gortari instituye el FOBAPROA, un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios. Ante posibles crisis económicas que propiciarán la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el FOBAPROA serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras, pero que terminaría convirtiéndose en el mecanismo de corrupción y saqueo mas relevante de los tiempos modernos.

La reprivatización de la banca impulsada a partir de 1995, en el marco de la desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos. Que de acuerdo con estudios realizados en la Cámara de Diputados, se desprende que de los 61,600 millones de pesos obtenidos por la venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio Salinista, 37,800 millones de pesos provinieron de la venta de bancos.

El error de diciembre 1994-1995. Tras seis años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el mercado de valores. La combinación de estos factores con diversos acontecimientos políticos, como los magnicidios de Colosio y Ruiz Massiu así como el levantamiento zapatista en Chiapas, provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito.

1995 año de la crisis. A finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA en ese momento ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México.

LA CRISIS BANCARIA

A partir del “Error de diciembre de 1994”, una de las principales consecuencia fue la quiebra del sistema bancario. Con el argumento de proteger el ahorro de los mexicanos y asegurar que la banca quedara en manos de inversionistas nacionales, el gobierno del  ex Presidente Ernesto Zedillo,  instrumento dos grandes programas durante el rescate bancario entre septiembre de 1995 y finales de 1999. Los de intervención, liquidación y fusión de muchas de las instituciones que habían sido reprivatizadas entre 1991 y 1992 y el denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC),  este último, fue el  programa central del FOBAPROA.

Como consecuencia de estas fusiones, liquidaciones y transparencias y sobre todo como resultado de la presencia de las filiales de bancos extranjeros, la fisonomía del Sistema Bancario Mexicano de finales de los noventa no tienen ningún parecido con la que tenia en el momento de su reprivatización de 1991-1992 y muchos menos con la banca nacionalizada en 1982 fueron nacionalizados y más tarde se decidió que algunos de ellos fueran  fusionados para aprovechar la economía de escala. En 1988 comenzó la desregulación y en 1991-1992 cambiaron nuevamente de dueño, para caer en una nueva crisis cuatro años después. Con las reformas de 1998 se hizo posible un nuevo cambio en su régimen de propiedad de las instituciones financieras (de propiedad privada mayoritariamente nacional a propiedad extranjera sin restricciones), que en algunos casos implicó una recomposición total accionaria y una modificación radical en sus métodos de gestión.

Esta crisis desencadenó la devaluación del peso, y por lo tanto la imposibilidad de pagar la deuda en dólares denominada Tesobonos en poder de inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Para que el gobierno de México cumpliera con sus compromisos, la Administración del presidente estadounidense William Clinton, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizaron un paquete de rescate por 50 mil millones de dólares a cambio del compromiso de implementar un programa de austeridad que se aplicó a la economía mexicana durante todo 1995 y el embargo de la renta petrolera como garantía.

Este programa provocó, entre otras cosas, que las tasas de interés internas se dispararan y la tasa media pasó del 20 % a finales de ese año, al 109 % a marzo de 1995, esta fue la peor época del México contemporáneo en materia financiera. Además, la crisis iniciada a finales de 1994 generó el peor deterioro del salario y el mayor desempleo de los últimos años por la quiebra de más de siete mil empresas.

Un elemento negativo derivado de la crisis de 1995 y de la aplicación de este programa, fue la gran cantidad de litigios y amparos que se dieron y que según estimaciones fueron del orden de los 50, 000 juicios mercantiles.

Por lo que respecta a los amparos, destacan lo de los bancos principales que sobrevivieron a la crisis (BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC y BANORTE), para evitar la realización de auditorias a la cartera de créditos. Igualmente 10 bancos incluyendo los cuatro ya mencionados, se ampararon en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para evitar que las autoridades financieras revelaran información sobre los programas de rescate. El propio IPAB interpuso amparo en contra de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y el IFAI.

También dentro de los amparos presentados, destaco la inmoral controversia Constitucional interpuesta por el ex Presidente Vicente Fox Quezada, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Federal, en contra de la ASF por los oficios girados a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el IPAB, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicto su resolución a favor del ejecutivo y de los bancos y en contra del erario y de la economía del país.

LA RESOLUCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

De acuerdo a un análisis especial elaborado en la Cámara de Diputados señala que  si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2005, no hubiera cancelado las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que depende de la Cámara de Diputados, las finanzas públicas se hubieran ahorrado poco más de 85 mil 202 millones de pesos.

“La resolución de la SCJN, que invalidó las auditorias efectuadas por la Auditoria Superior de la Federación y que dio la razón al Poder Ejecutivo Federal en su controversia constitucional, le costó al pueblo mexicano la cantidad ya referida de 85 mil 202 millones de pesos”.

Este acuerdo que impide  la instrucción de la Auditoria Superior de la Federación, para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el IPAB y el FOBAPROA, descontaran los créditos irregulares de cuatro bancos (BANAMEX, BANCOMER, HSBC y BANORTE), que cargaron al FOBAPROA por un monto original de 4 mil millones de dólares y que posteriormente se convirtieron en un monto de  64 mil millones de pesos.

Con este dictamen,  la SCJN prácticamente cerró el rescate y valido muchas de las acciones del FOBAPROA,  que fueron cuestionados a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, la resolución de la SCJN, fue un duro revés y un error; a los Bancos no se le puede exigir que rindan cuentas y se manejen con transparencia. A la propia Cámara de Diputados y específicamente a la  ASF, les limito el poder de ser contrapeso del Poder Ejecutivo Federal.

Lo más lamentable, es que de haberse ejecutado la Ley de manera escrupulosa, la cantidad de 85 mil 202 millones de pesos, se hubiera cargado a los Bancos por los créditos irregulares operados en sus carteras vencidas. Otro punto aún sin aclarar y que es de llamar la atención, fue el por qué se dejaron sin ejecutar  las 62 acusaciones penales promovidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre diversas conductas delictivas detectadas durante las auditorias al proceso del rescate bancario.

Algo inédito en la historia del país es que un presidente de la República (Vicente Fox), haya promovido una controversia constitucional en contra de los intereses de México y anulado el trabajo de la Auditoria Superior de la Federación, para proteger a los banqueros que incurrieron en graves delitos contra el erario, girando instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que cubriera los fraudes cometidos con recursos fiscales o sea con los impuestos que todos pagamos. En vez de salvaguardar los intereses del país.

El Fobaproa concluyo sus funciones en 1999 y dio origen a un clon con el mismo propósito, no de proteger a los ahorradores, si no de mantener un mecanismo de complicidad y corrupción con la banca, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo al cual le fueron transferidos los pagares del Fobaproba.

El INSTITUTO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Como señalan algunos críticos, El FOBAPROA nació y el IPAB creado a finales de 1999 como mecanismo financiero-fiscal, para transferir  recursos económicos de manera inequitativa e ilegal, sino también para traspasar productivamente recursos a rentistas del erario. Impidió y sigue impidiendo el acceso al crédito al usuario productivo. Condiciona el estancamiento de la economía y la depresión del ingreso de la población por la corrupción de los sistemas fiscal y de intermediación financiera. La crítica hecha al FOBAPROA, es haberlo transformado en deuda pública.

De acuerdo al Informe final de la Comisión Investigadora del IPAB de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, señala que a pesar de la importancia de la cifra, el gobierno no mostró la intención de rendir cuentas detalladas del destino de estos recursos públicos. Como muestra de esa actitud, cabe recordar que la solicitud de conversión de los pasivos de FOBAPROA, en deuda pública se hizo a finales de marzo de 1998, es decir, 39 meses después de haber estallada la  crisis y después de haber de haber concluido prácticamente todas las operaciones de apoyo y saneamiento de los Bancos.

La profunda opacidad con que opera el IPAB nos recuerda el oscurantismo con que se manejo también el Fobaproa en el que la gran mayoría de los mexicanos desconoce la realidad de las condiciones y compromisos que se tuvieron que pactar para llevar a cabo el rescate bancario.

Para que podamos tener una idea de la forma en que está operando actualmente el IPAB, sólo citaremos un caso de las muchas transacciones fraudulentas que se realizan cotidianamente en este organismo:

La empresa propiedad de JE Roberts Company está vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún y con el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

La relación entre Fénix Administración de Activos y los hermanos Bribiesca se descubrió en la LIX Legislatura, como parte de los trabajos de la Comisión Especial que investigó los negocios de la empresa Construcciones Prácticas.

El 1 de abril de 2001 Fénix vendió a Construcciones Prácticas el predio rústico Los Pirules, ubicado en Celaya, Guanajuato, por 4 millones 345 mil 621 pesos; 28 días después le adjudicó el paquete de 275 departamentos en San Francisco Totimehuacan, Puebla, por 20 millones 933 mil pesos.

Ésas no fueron las únicas propiedades de BanCrecer enajenadas a favor de Construcciones Prácticas. El 3 de febrero de 2004 compró los derechos de cobro de 27 créditos, entre los que destaca el condominio Solidaridad en Acapulco, Guerrero, propiedad de Plaza Industrial. El valor en libros de éste ascendía a mil 183 millones de pesos; la transacción se cerró en sólo 8 millones 100 mil pesos.

De acuerdo con las exdiputadas Martha Lucía Micher y Sofía Castro, por cada casa de interés social la empresa Construcciones pagó en promedio 3 mil pesos y luego las revendió en 350 mil. La ganancia fue de 347 mil pesos por vivienda.

Fénix también está ligada con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz: el perfil del ahora alto ejecutivo del banco británico HSBC lo identifica como miembro activo de la Junta Consultiva de JE Roberts Cos Inc, propietaria de la administradora.

La red de corrupción, como podemos observar, pareciera no tener fin, en ella se entrelazan autoridades hacendarias, el ejecutivo federal, prominentes empresarios y políticos de relevancia actual con la banca trasnacional.

Podemos concluir que la extranjerización de la Banca que se vive actualmente ha ocasionado que el Estado pierda capacidad de gestión mediante la política monetaria y de crédito para cumplir con su función de rector de la economía. Esto exige una revisión a fondo del marco jurídico que regula y supervisa el funcionamiento de los bancos.

Diversos analistas financieros, plantean la necesidad de reimpulsar la banca de desarrollo, en virtud de que la extranjerización de la banca no ha resuelto el problema de financiamiento en México y sí ha desembocado en escándalos de corrupción.  El problema, es que la confianza en la banca comercial se ha perdido y el propio Banco de México obedece a intereses distintos a los del país.

El pretexto de la “globalización” que acompañó a la extranjerización bancaria, en realidad encubrió un proteccionismo extremo a su corrupción, cartelización y a sus márgenes escandalosos de intermediación.

Las profundas distorsiones de esa visión continúan vigentes trece años después. Ignora el gran problema no sólo de honestidad y legalidad en el manejo de estos formidables subsidios de un erario tan erosionado como el mexicano. Al mismo tiempo, profundiza crecientemente la deformación en la función institucional de la banca como intermediario para canalizar eficientemente el ahorro, con costos y márgenes competitivos, a usuarios productivos.

La legislación vigente requiere de un profundo análisis y de cambios sustantivos que permitan al poder legislativo contar con las facultades no sólo para auditar, si no para incidir y contar con el andamiaje legal que le permita impulsar la persecución y encarcelamiento de los delincuentes de cuello blanco y sus cómplices en el gobierno y dar así transparencia al saneamiento bancario y  el sano equilibrio entre poderes.

Dos apreciaciones finales serían: la primera es que la LIX Legislatura estimó que llevará mas de 70 años a los contribuyentes mexicanos saldar esta deuda con la banca transnacionalizada asumiendo que para este siglo México esta prácticamente hipotecado y la otra, que es la mas delicada, es que el enemigo público número uno en el país no es el narcotráfico si no la Banca en México.

 

 

FUENTES: 

  • Del Fobaproa al Ipab, testimonios, análisis y propuestas; Editorial Plaza y Valdés, Ricardo Solis Rosales, Juan Aupinz Birch, Mario Delgado Carrilo y Marcelo Ebrard.
  • El Ipab y Hacienda cargaron ilegalmente al erario 72 mil millones de pesos. Javier Corral Jurado.
  • Ipab: Entre el derrumbe del Sistema Bancario Mexicano y las incongruencias políticas de la Cámara de Diputados. Mayra Rivera Zetina.
  • La Banca Imperial, Agustin Vargas.
  • Ipab corrupción y problemas, Marco Di Constanzo
  • Se dispara en México número de fraudes por Internet, Eduardo Martinez Cantero.
  • Informe integral sobre la fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, Cámara de Diputados. 

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