- Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia avalaron la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila.
- También dictaminaron favorablemente, iniciativas en materia de extinción de dominio y libertad condicionada al uso de brazaletes electrónicos.
Establecer las bases para la prevención, atención y combate del delito de secuestro, para preservar la vida y restituir la libertad de las víctimas, proteger su integridad física y psicológica y la de sus familiares, así como detener y sancionar a los culpables para que este delito no quede impune, son propósitos de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México.
En reunión de trabajo que presidió el diputado Raymundo Martínez Carbajal (PRI), las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia también avalaron modificar la integración de la Comisión Rectora de la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio, así como actualizar los requisitos de preliberación condicionada al uso de localización y rastreo (con brazaletes electrónicos) para delincuentes primarios.
Respecto a la nueva ley, establece la creación de un Consejo presidido por el Ejecutivo como órgano de consulta, colaboración, concurrencia y apoyo interinstitucional para la prevención, atención y combate de este delito.
Precisa que las autoridades responsables del cumplimiento de la ley, es decir, dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos, deberán velar en todo momento por el respeto de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos, y porque se les otorguen las medidas de protección y apoyo previstas en la Ley General y demás normas aplicables.
En este punto, los diputados Jorge Omar Velázquez Ruíz (PRI), Juana Bonilla Jaime (PRD), Brenda Alvarado Sánchez (PRI) y Raymundo Guzmán Corroviñas (PAN) coincidieron en los perjuicios de este delito para los mexiquenses, por lo que expresaron su beneplácito por la iniciativa del mandatario estatal.
El legislador Omar Velázquez señaló que los representantes populares “tenemos la obligación de crear los mecanismos y marco jurídico adecuados para detener y sancionar a quienes lucran con el dolor de las familias y para inhibir la comisión de este delito”, y su compañera de bancada, Brenda Alvarado Sánchez, resaltó que las acciones del Ejecutivo en este tema han sido contundentes, para lo cual, consideró, era imprescindible un marco jurídico.
Por el PRD, la legisladora Juana Bonilla Jaime dijo que su grupo parlamentario ve “con bueno ojos” la iniciativa, al tiempo que resaltó la coordinación interinstitucional que establece, aunque hace falta un banco de datos estatal y municipal “que dé cuenta de un diagnóstico sobre este delito”. En su oportunidad, Guzmán Corroviñas (PAN) convocó a sus compañeros legisladores a valorar la política de sanciones contra este delito.
