Por: Alberto Vega Vieyra·
México, Dic. 9.-A pesar de que en junio de 2011, México logró consolidar a nivel constitucional las Reformas en materia de derechos humanos -las cuales dieron un giro paradigmático al sistema jurídico mexicano al ampliar su protección-, los retos en la materia siguen vigentes.
En el marco del Día de los Derechos Humanos, conmemorado este 10 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado al Estado mexicano para cerrar las brechas existentes entre los marcos normativos y la acción gubernamental, reiterando que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas y todos.
De acuerdo con el Informe Situación de los derechos humanos en México 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia e inseguridad en nuestro país van en aumento y no son atendidos debidamente, dejando paso a la impunidad y, en consecuencia, a un índice mayor de violaciones graves a los derechos humanos.
A nivel nacional, los factores que dan lugar a la violencia se conjugan entre los actores estatales, el crimen organizado (en particular el narcotráfico), y el fenómeno conocido como policías comunitarias o autodefensas. Esta situación ha mermado de manera significativa el respeto y goce de los derechos humanos.
Hoy día, la Ciudad de México goza de una oportunidad única para contar con su primera Constitución donde los derechos humanos sean el eje rector, ya que será garante del efectivo cumplimiento de éstos para las personas que habitan y transitan en esta entidad, haciendo indispensable que la sociedad civil en su conjunto participe de forma activa, informada y exigente en este proceso histórico.
De esta manera, la CDHDF conmemora este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, con motivo de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En dicho documento, por primera vez, se alcanzó un consenso universal en torno a que los Estados deben garantizar a todas las personas en el mundo el efectivo goce y ejercicio a los derechos y libertades fundamentales.
