- Propone tipificar como graves el uso indebido de atribuciones y facultades, el abuso de funciones, el tráfico de influencias y el manejo inadecuado de los recursos públicos.
- Cualquier investigación deberá resolverse en 90 días hábiles, con la posibilidad de ampliar este plazo, por una sola vez y con causa justsificada, por otros 90 días hábiles.
Con el propósito de combatir eventuales actos ilegales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, el manejo inadecuado de recursos y “blindar” de los actos de corrupción el ámbito electoral, el senador Raúl Morón Orozco presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) y a diversos artículos del Código Penal Federal.
Por esta razón, propone endurecer las penas de cárcel y las multas por los delitos de abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y peculado, además de que incluye la figura de la concubina y el concubinario entre los probables beneficiarios de eventuales actos de corrupción de servidores públicos.
Asimismo, propone tipificar como graves la conducta relacionada con el uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de funciones y tráfico de influencias, así como el manejo inadecuado de los recursos públicos.
El proyecto de reformas incluye incrementar el periodo de inhabilitación a los servidores que incurran en algún acto de corrupción. El propósito es homologar dichas sanciones en el Código Penal Federal con las establecidas en la LFRASP.
La propuesta de reformas faculta al Instituto Nacional Electoral para aplicar la LFRASP, al igual que al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y a la futura Fiscalía General de la República.
Asimismo, establece que los servidores públicos deben resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial, en los términos de la legislación aplicable, y tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Otro cambio propuesto a la LFRASP es que las quejas por presuntos actos de corrupción podrán ser presentadas por cualquier persona, las denuncias por servidores públicos y se seguirán los casos de oficio cuando se tenga conocimiento «de hechos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa».
Además, establece que a las quejas y denuncias deberán acompañarse las pruebas en las que se fundamenten o señalarse el lugar en donde se encuentren.
Propone que cinco años sea el periodo mínimo de inhabilitación para servidores públicos y se imponga la sanción de destitución, cuando se compruebe un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios.
La iniciativa señala además que dejar de prestar un servicio, suspenderlo injustificadamente, o causar un perjuicio a la sociedad aun cuando se preste el servicio, serán causas de responsabilidad administrativa.
El senador Morón Orozco incluye otras reformas relativas al procedimiento de responsabilidades administrativas y establece que cualquier investigación deberá resolverse en un periodo de 90 días hábiles, con la posibilidad de ampliar este plazo por una sola vez, con una causa justificada, por otros 90 días hábiles.
Plantea, en las reformas al Código Penal Federal, que las sanciones se impondrán, en su caso, sin distinción a quien actúa en suplencia por ausencia de otro o por delegación de facultades.
La posibilidad de sanción de la autoridad, añade la iniciativa, prescribirá en tres años a partir del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones, o a partir del momento en que se realizó la última conducta, según sea el caso.
Advierte en el texto de su propuesta que en la actualidad «estamos viviendo una crisis de incremento de corrupción hasta niveles que podríamos afirmar, nunca se habían visto en el país, y no solo en el desvío de fondos, sino a las formas corruptas del manejo del servicio público por parte de los servidores públicos de diversos niveles y en los tres órdenes de gobierno».
Su iniciativa de reformas a la LFRASP y al Código Penal Federal, argumenta el legislador del Partido de la Revolución Democrática, establecerá un catálogo de obligaciones al que deben sujetarse todos los servidores públicos, como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial, en términos de la legislación aplicable.
Por otra parte, señala que «las responsabilidades administrativas son autónomas de la responsabilidad política y penal, y deben estar sujetas al debido proceso, para respetar los derechos del probable infractor, por eso se propone reformar el procedimiento a fin de brindarle mayor seguridad jurídica».
Morón Orozco establece en su propuesta que para resolver el problema de corrupción e ineficiencia en el servicio público, no basta con reformas al marco jurídico, deben estar en paralelo con un cambio de ideología, cultura laboral y de servicio, y mayor participación ciudadana, para evitar que los propios ciudadanos propiciemos los actos de corrupción.
