Persisten condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y discriminación hacia las mujeres en México

 

  • Presentan organizaciones a comisiones de Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género del Senado Informe Nacional Alterno Beijing +20.
  • Concretar paridad política, uno de los retos: senadoras.

 

Más de 50 organizaciones feministas presentaron a las comisiones de Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género del Senado el Informe Nacional Alterno Beijing +20, un documento que destaca que a pesar de los avances para garantizar los derechos de las mujeres, persisten en México las condiciones sociales y culturales que las colocan en contextos de desigualdad, vulnerabilidad y discriminación.

 

En la inauguración del encuentro, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que ante el próximo proceso electoral y sin importar la afinidad político-partidista es necesario avanzar en la agenda de las mujeres.

 

No podemos, dijo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática, llegar a estos espacios de poder sin que queden claramente definidos los cambios estructurales que necesitamos en el país para que los derechos humanos de las mujeres sean plenamente reconocidos.

 

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, titular de la Comisión Para la Igualdad de Género,subrayó que la democracia paritaria está a prueba y “espero que el ingenio de algunas y algunos no rebase la voluntad política que se tiene en este país”para que en la renovación de los congresos federal y locales se alcance la igualdad en materia de participación política.

 

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional dijo que el marco jurídico puede cambiar, pero si las costumbres para hacer política no cambian de poco nos puede servir una ley de avanzada, y pareciera que “quiere quedarse” la cultura de desventaja política en la que se han desarrollado las mujeres.

 

María de la Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo a que 20 años de acuerdos adoptados por diversos países para la igualdad de género persisten desafíos para la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing.

 

Los recursos, planeación y la participación de las mujeres en la vida política, son los principales retos para cumplir con los objetivos de la agenda, señaló.

 

A su vez, la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, dijo que de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, se requerirán alrededor 80 años para lograr la igualdad sustantiva en todo el mundo, por ello hizo un llamado para lograr la paridad en la participación política de las mujeres en 2030.

 

Subrayó que México puede dar “un salto cualitativo y cuantitativo” este 2015, ya que se ha aprobado cambios a las leyes para lograr la igualdad sustantiva en la participación de las mujeres en la vida política nacional.

 

Señaló que si bien se adoptaron acuerdos por líderes políticos en la Plataforma de Beijing, se requiere retomar e impulsar los objetivos, ya que el avance ha sido lento y ninguno de los países ha cumplido con la meta.

 

Roberto de León Huerta, director general adjunto para la Política Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que para acelerar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing nuestro país promoverá la igualdad y paridad política.

 

En la presentación del Informe, Nahela Becerril, de Gimtrap, afirmó que “la pobreza sigue siendo en gran pendiente del Estado mexicano” y es un tema en el que se refleja el incumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y por tanto el déficit de la democracia.

 

Pese a casi tres décadas de operación de programas antipobreza, creados a fines de los ochentas como estrategia para contrarrestar los efectos de las políticas de ajuste estructural con un enfoque asistencial, no se han obtenido los resultados esperados.

 

La población en esta condición, agregó, se ha incrementado y las brechas de desigualdad social y de género se han profundizado afectando de forma más severa a las mujeres.

 

La realidad muestra claramente que la pobreza tiene rostro de mujer, rural, indígena y joven. “Nuestra conclusión es que los programas sociales mantienen una concepción asistencial desvinculada de la política económica y cercana a un enfoque en el que subyace un Estado patriarcal y autoritario que refuerza los roles de género y no cuestiona las desigualdades sociales ni la división social del trabajo.

 

Libertad Enríquez, de SIPAM, señaló que el acceso a una vida saludable se ve afectado en gran medida por el fomento de actividades de empresas trasnacionales como la siembra y cultivo de transgénicos, la producción y comercialización de comida chatarra, el manejo inadecuado de residuos de mineras y la fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

 

La principal causa de mortalidad de las mujeres, agregó, son las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hepatitis tóxica, las enfermedades cerebrovasculares, el cáncer de mama y cervical, todas estás con relaciones claras a la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo.

 

Por parte del Círculo de Estudios de Género, Estela Fernández expuso que la violencia sexual, de género y feminicidios hacia la mujer en México registró una baja en 2010 en comparación con los registros de 1999 a 2005.

 

Detalló que los feminicidios no son emblemáticos de Ciudad Juárez, Chihuahua, sino una condición que prevalece en todas las entidades. De acuerdo al informe realizado por la Comisión que da seguimiento a los feminicidios, de la Cámara de Diputados, en 2004, se registró el homicidio de mil 205 mujeres y niñas, en todo el país.

 

En seis años, de 1999 a 2005, fueron asesinadas más de seis mil mujeres y niñas. Mientras que para 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio dio a conocer el crimen de 2 mil 409 mujeres, en cambio Inmujeres informó de la defunción femenina con presunción de homicidio de 2 mil 335 féminas.

 

La representante del Observatorio de Violencia y Derechos Humanos, Mariana Miranda, recordó que de 2009 al 2011, el Estado mexicano ha recibido mil 361 recomendaciones por parte de órganos internacionales, así como sentencias como el conocido Campo Algodonero.

 

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