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Acepta Procuraduría capitalina y Tribunal Superior recomendación 4/2017 de CDHDF

A CDHDF RECONOCE LA ACEPTACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA RECOMENDACIÓN 4/2017

México, Jul. 13.-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce la responsabilidad y compromiso de la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), ambas de la Ciudad de México, por la aceptación total y en sus términos, de la Recomendación 4/2017, emitida el pasado 21 de junio por este Organismo Público Autónomo, por el caso Omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril; instrumento recomendatorio que documentó las violaciones a derechos humanos de cinco personas al debido proceso, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad de las personas respecto del derecho a la memoria y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como la afectación de forma indirecta de 22 familiares de las mismas.
Con esta acción, la Procuraduría de la Ciudad se compromete a revisar e implementar un plan integral de investigación, que incluya todas las líneas de investigación relacionadas con las actividades de periodismo y defensa de derechos humanos de dos de las personas agraviadas; la definición de la fiscalía que deberá atender los casos en los que las víctimas pertenezcan a más de un grupo en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizado, colectivo o que reúnan características de diversos perfiles; la actualización del Protocolo de Investigación Ministerial del delito de feminicidio, en concordancia con las Reformas Constitucionales de 2008 y 2011, relativas al Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, y la transversalidad de derechos humanos.
Asimismo, la PGJCDMX, hará una revisión a los Lineamientos sobre investigaciones en las que se encuentren involucradas personas dedicadas a la defensa de derechos humanos como víctimas de delitos, por ejercer su profesión; la actualización del Protocolo de investigación de los delitos contra personas periodistas en el ejercicio de su profesión; el diseño de un mecanismo de control sobre las medidas de seguridad y confidencialidad con las que cuenta la Procuraduría, a efecto de evitar la filtración de información contenidas en sus investigaciones.
Como medidas de satisfacción, la Procuraduría se ha comprometido a reparar el daño integral a las personas víctimas; ofrecer y proporcionar la atención y acompañamiento psicológico que requieran y, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Para reforzar el trabajo de las personas servidoras públicas involucradas con el sistema de impartición de justicia, se brindará capacitación al personal de la Fiscalía Central de Investigación para Homicidios y de la Agencia Especializada de la Investigación para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, así como personal de la Coordinación General de Servicios Periciales.
De igual manera, se atenderán las investigaciones para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la filtración de datos sobre las investigaciones de los hechos que motivaron la emisión del instrumento recomendatorio; así como el inicio de las investigaciones a que haya lugar; y finalmente, la Procuraduría establecerá una ruta de actuación en coordinación con el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) encaminados a reforzar la adecuada investigación de los delitos de homicidio y feminicidio.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia reforzará los servicios del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) a través de la actualización continua del personal médico que presta sus servicios; y dará vista a las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones administrativas y penales, para que se determine la responsabilidad sobre las personas servidoras públicas involucradas en los hechos materia del instrumento recomendatorio.
Con estas acciones, las autoridades de la Ciudad de México contribuirán con la labor de protección, defensa, promoción y difusión de Derechos Humanos que este Organismo realiza de manera ininterrumpida, pero que es responsabilidad de todas y todos acompañar, para que en esta Ciudad las prerrogativas que blindan la dignidad de las personas se ejerzan sin distinción ni obstáculo alguno.

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