Educacion

CDHDF pide Garantizar acceso a planificación familiar

México, Jul. 10.-En el marco del Día Mundial de la Población, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma al llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar el acceso a servicios de planificación familiar para todas las personas, a fin de contribuir al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, así como al desarrollo de la Ciudad.
Esta conmemoración, celebrada cada 11 de julio desde 1990, coincide este 2017 con la realización de la Cumbre sobre Planificación Familiar, convocada entre otras instancias por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y constituye la segunda reunión de la iniciativa “Planificación Familiar 2020” –cuyo objetivo es ampliar el acceso a la planificación familiar a 120 millones más de mujeres para 2020–; su lema es “Planificación familiar para empoderar a las personas y contribuir al desarrollo de los países”.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014[1], la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre mujeres unidas en pareja de 15 a 49 años en la Ciudad de México era de 75.1% y 78.6% para las no unidas, porcentajes que disminuyen a 68.2% en el rango de edad de 15 a 19 años y a 52.1% para las adolescentes casadas o unidas.
Con respecto a la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres unidas en pareja de 15 a 49 años, el porcentaje era de 9.5% y 10.2% para las no unidas, mientras que para el grupo de edad entre 15 y 24 años, el porcentaje se elevaba a 22.8% para las jóvenes unidas y 20.8% para las no unidas.
Asimismo, el Informe Anual 2015 de la CDHDF sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres [2] que abordó el tema del embarazo en adolescentes, identificó que las jóvenes entre 15 y 19 años de edad, no sólo no tienen información acerca de métodos anticonceptivos, sino que también tienen un acceso restringido a éstos, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud.
El mismo Informe señala que uno de los principales obstáculos que encontraron fue la falta de reconocimiento social de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, motivado, principalmente, por los prejuicios que se tienen alrededor del ejercicio de la sexualidad de las mujeres, adolescentes y jóvenes.
Por ello, la inclusión y reconocimiento de éstos, como dos derechos diversos e independientes en la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), promulgada el 5 de febrero de 2017, resulta fundamental.
Al respecto, el Artículo 6, Ciudad de Libertades y Derechos, apartados E y F, establecen los derechos sexuales y reproductivos, respectivamente, mismos que se encuentran armonizados con lo consagrado en los Artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este logro histórico, que consolida las demandas de los movimientos feministas, al señalar el derecho a la sexualidad de forma independiente de la procreación, se encuentra hoy en riesgo ya que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra diversas disposiciones jurídicas de la Constitución de la Ciudad de México.
Entre estas disposiciones se encuentra la solicitud de declaración de invalidez del Artículo 6, apartados E y F; es decir, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, argumentando que la planificación familiar, es de competencia exclusiva del Gobierno Federal.
Dicha demanda atenta contra el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, por lo que la CDHDF presentó, el pasado 13 de junio de 2017, un Amicus Curiae (amigo de la Corte) [3] para defender los derechos reconocidos en la CPCDMX, entre ellos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Asimismo, este Organismo Autónomo acompañó a diversas Organizaciones de la Sociedad Civil en el proceso de elaboración y presentación de Amicus Curiae temáticos [4], en los cuales también se incorpora la defensa de estos derechos y se reitera el interés legítimo de la ciudadanía de defender los avances que contribuyen a que promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México.

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