México, No. 17.-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 13/2016, por la deficiente atención médica que reciben policías en la Ciudad de México, situación que atenta contra sus derechos a la salud, al derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad social.
La Ombudsperson capitalina, Doctora Perla Gómez Gallardo, enfatizó que cuando hay autoridades a las que también se les violan sus derechos humanos -como es el caso de las y los policías en la Ciudad de México-, esta Comisión estará atenta y se pronunciará para que se generen cambios estructurales que les garanticen el acceso y goce pleno a tales derechos.
Durante su presentación, la Presidenta de la CDHDF destacó que, por primera vez, este Organismo emite una Recomendación sobre la atención al derecho a la seguridad social de personal en activo de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial.
Indicó que la Recomendación 13/2016 fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Oficialía Mayor y a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA), todas de la Ciudad de México, como autoridades responsables.
La Doctora Perla Gómez Gallardo explicó que las violaciones a derechos humanos acreditadas por este Organismo corresponden a cinco expedientes de queja, investigados y documentados por la Tercera Visitaduría General de esta Comisión. Dichas quejas fueron interpuestas entre los años 2010 al 2016.
Expuso que las personas agraviadas señalaron a este Organismo que recurrieron a los servicios médicos contratados por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar o por la Dirección de la Policía Bancaria e Industrial, en donde recibieron una atención médica deficiente, pues se les negó el servicio bajo el argumento de que no se encontraban incluidos en la póliza y, por ello, se les condicionó a un pago.
Por lo anterior, la CDHDF determinó la violación del derecho a la salud en relación con el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad social.
La Ombudsperson capitalina señaló que los miembros de la Policía Auxiliar reciben servicios de salud que se proporcionan a través de clínicas periféricas, contratadas por CAPREPA, que brindan atención hospitalaria de segundo nivel mediante servicios subrogados a particulares. En el caso de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial en activo, reciben servicios médicos privados, contratados por parte de la Dirección de esa policía.
En este contexto, expresó su preocupación por el hecho de que la CAPREPA se encuentre limitada para atender de manera integral el derecho a la seguridad social de los elementos de esa policía, ya que su Plan de Previsión Social y sus Reglas de Operación establecen una cobertura médica limitada.
Sostuvo que la CDHDF está consciente de las limitaciones presupuestales con las que funcionan estas instituciones policiacas en la Ciudad de México; sin embargo, tal situación no puede ser una excusa para incumplir con las obligaciones mínimas en materia de derechos humanos.
Y para documentar la gravedad de los casos contemplados en la Recomendación, refirió que una de las personas agraviadas cayó de una bicicleta en la que realizaba sus funciones de vigilancia, por lo que posteriormente presentó molestias en su rodilla derecha. Al acudir a su servicio de salud le diagnosticaron que requería una prótesis cuyo valor ascendía a más de 30 mil pesos. La persona solicitó el apoyo de la CAPREPA para conseguir la prótesis, pero le informaron que no era posible pues las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social contemplaban ese tipo de apoyos sólo para el personal que sufriera un accidente de trabajo. Después de mucho insistir infructuosamente para recibir la ayuda, la persona agraviada decidió tramitar su baja de la corporación para poder acceder al Seguro Popular.
La Presidenta de la CDHDF mencionó que desde el año 2009, la Comisión ya había identificado esta situación en el Informe especial sobre los derechos humanos de las y los agentes de las corporaciones de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Remarcó que la Recomendación 13/2016 consta de 17 puntos recomendatorios, entre los que destacan: indemnizar a las víctimas directas e indirectas por concepto de daño material e inmaterial; brindarles el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que requieran, así como instrumentar una campaña dirigida al personal y a sus derechohabientes sobre los servicios que la Policía Bancaria e Industrial y la CAPREPA contratan cada año para la atención de su salud.
De igual forma, la Doctora Perla Gómez Gallardo enfatizó el punto recomendatorio en el que se solicita a la CAPREPA revisar y analizar, en conjunto con su Órgano de Gobierno, la pertinencia de modificar el Plan de Previsión Social y sus Reglas de Operación para la atención de las personas integrantes de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a la par de llevar a cabo las adecuaciones necesarias a dichos instrumentos.
