• Con la legalización de los casi cinco millones de autos irregulares, ingresarían a la hacienda pública cuando menos 50 mil millones de pesos.
• La solución a este añejo problema terminaría con el acoso y extorsión contra cinco millones de mexicanos tenedores de estas unidades.
• Se debe anteponer el interés de nuestros connacionales al de las grandes comercializadoras y distribuidoras de automotores.
México, Abril 4.-Fidel Villanueva presidente de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex) demandó poner fin al calvario de casi cinco millones de mexicanos propietarios de automotores de procedencia extranjera que viven bajo constante acoso y extorsión de las diversas corporaciones policiacas y fiscales del país, por el simple hecho de carecer de capacidad para comprar los vehículos en el mercado nacional.
Luego de celebrar la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de abordar el tema para darle una solución definitiva, como ningún otro presidente se atrevió a hacerlo, pidió que la decisión legal anteponga el interés de estos connacionales al de las grandes organizaciones distribuidoras de automóviles (AMDA) y (AMIA) que son las que han bloqueado sistemáticamente la legalización de los vehículos ingresados irregularmente al país por nuestros paisanos radicados mayoritariamente en Estados Unidos.
Explicó que no se trata de unidades de modelo reciente, sino de modelos 2014 y anteriores, que sirven a sus propietarios para transportar a sus familias y hasta para mover productos agropecuarios que les permiten el sustento.
Estos connacionales están dispuestos a pagar los impuestos correspondientes por la legalización de sus unidades, lo que representaría al erario nacional un mínimo de 50 mil millones de pesos, cifra que resultaría del cobro de entre 17 mil y siete mil pesos por unidad.
El presidente de esta organización civil no lucrativa que aglutina a 200 mil socios sostuvo que al legalizar definitivamente los vehículos irregulares contribuiría al logro de uno de los grandes objetivos del gobierno de la República como es abatir la corrupción, ya que tanto la policía federal como las policías estatales, municipales y hasta fiscales acosan y extorsionan a los usuarios de estas unidades que circulan mayoritariamente en los estados del norte de México, aunque también en los del sur-sureste.
Explicó que desde 1994 se han emitido tres decretos presidenciales que buscaban regularizar estos automotores, pero las grandes comercializadoras y distribuidoras de automóviles se han opuesto sistemáticamente a la entrega de los pedimentos de importación, lo que restringe la circulación a los estados donde habitan los usuarios de tales unidades y favorece, en consecuencia, el acoso y la extorsión cuando salen de tales perímetros.
El dirigente de Anapromex , solicitó que para dar una solución legal definitiva a este añejo problema, intervenga el poder legislativo federal, para que no quede en manos de las Secretarías de Hacienda y Economía la decisión final, puesto que en el caso de los decretos presidenciales anteriores terminaron por imponer sus criterios y cancelar la posibilidad de una solución total.
También advirtió que muchos gobernadores de los estados donde se concentra la mayoría de los automotores irregulares, traídos, insistió, por nuestros paisanos para dotar de un medio de transporte a sus familias, han utilizado el tema como bandera política, por lo que sólo con la intervención del poder legislativo se podrá llegar a un acuerdo justo que ponga fin a una persecución irracional, ya que los poseedores de tales vehículos lo único que pretenden es legalizar, vía pago de sus impuestos, su patrimonio forjado con trabajo y esfuerzo
