La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, destacó que el derecho de acceso a la justicia funge como garantía de los derechos humanos contenidos en la Nueva Agenda Urbana, por lo que el Estado debe generar condiciones para vencer los obstáculos normativos, económicos y sociales que impiden o limitan este derecho.
Al participar en la mesa “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en la Nueva Agenda Urbana”, realizada en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador -dentro de las actividades de la Conferencia HÁBITAT III- dijo que el acceso a la justicia es un pilar básico del Estado de Derecho y de la democracia, ya que posibilita el derecho a la verdad y a la reparación del daño.
La Ombudsperson capitalina enfatizó: “Los Estados deben facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, especialmente a los sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad. Esto, para que efectivamente gocen de sus derechos humanos, ya que los problemas estructurales como la impunidad les afectan de forma más crítica”.
En ese contexto, manifestó la preocupación de la CDHDF por los obstáculos que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, ya que la imposibilidad de recibir información y hacerse comprender durante un juicio, así como el trato discriminatorio, desembocan en un impedimento y negación injustificada del acceso a la justicia.
La Doctora Perla Gómez Gallardo explicó que actualmente en la Ciudad de México hay más de 600 personas en esta situación, quienes por no contar con un traductor o traductora, están detenidas.
Por lo tanto, aseveró que los Estados deben garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas mediante sistemas de justicia que tomen en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, características económicas y sociales, así como la asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura.
A la par, la Presidenta de la CDHDF destacó el Informe Especial sobre situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras, en el cual se documentó que la discriminación estructural y sistemática en la que están inmersas dichas personas constituye un obstáculo para el ejercicio de acceso a la justicia y la consecuente exigibilidad de sus derechos.
En la Ciudad de México, dijo, este problema lleva más de 25 años, por lo que ya se ha documentado la existencia de una tercera generación de personas en situación de calle. Las acciones de “limpieza social” son otro flagelo que está combatiendo este Organismo, ante la estigmatización y criminalización que padecen las poblaciones callejeras.
Al referirse a las mujeres en reclusión, indicó que en la Ciudad de México el 80% sufre de abandono: “Ni siquiera visitas, nulo reconocimiento y exclusión de su entorno social y familiar”.
Ante este panorama, uno de los retos es visibilizar esta situación a través de la emisión de Recomendaciones, para que las autoridades emitan protocolos de actuación y cursos de capacitación, para que se reconozcan los derechos de las mujeres que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad.
La Ombudsperson capitalina señaló que otro tema de preocupación es la situación de personas migrantes que transitan por nuestro país, sobre todo de niñas y niños sin acompañamiento. En este sentido, destacó las acciones que la CDHDF llevó a cabo para generar un corredor humanitario en la capital de la República Mexicana, a fin de salvaguardar su dignidad y sus derechos.
Por este motivo, consideró prioritario que en la Conferencia HABITAT III se reflexionen, difundan y visibilicen las condiciones de desigualdad que perviven en los espacios urbanos, para que se marquen las pautas a seguir en los próximos años a fin de garantizar, entre otros derechos, el acceso a la justicia de estas poblaciones.
En la mesa “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en la Nueva Agenda Urbana” también participaron el Presidente del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, Pablo Aguilar González; el Director del Programa de Investigación para el Desarrollo Urbano Sustentable (IDUS) de la Universidad de Buenos Aires, Doctor Fernando Murillo; el Director de la organización TECHO Argentina, Virgilio Gregorini; y Cecilia Pelayo, líder comunitaria de Uruguay.
Fuente: Infórmate
