LA BANCA EN MÉXICO

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El tema que abordamos es “La Banca en México”, constituye uno de los rubros más polémicos en la historia reciente del país y significa en la actualidad uno de los principales obstáculos para su desarrollo.

México, país donde prevalece de manera creciente la corrupción y la impunidad, encuentra en la banca mexicana, hoy transnacionalizada, su principal exponente donde se acentúa con mayor sordidez la descomposición social que vivimos, a tal grado que su actividad cotidiana impulsa ya la ingobernabilidad en el país.

En la actualidad la banca extranjera controla más del 80% de los activos del mercado bancario y con ello del crédito; de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existen actualmente 40 instituciones que son consideradas de banca múltiple, integradas por 9,715 sucursales instaladas en toda la República Mexicana y en las que laboran 148,998 empleados. Un enorme aparato que debería ser utilizado para coadyuvar al fomento del desarrollo económico, mediante el cumplimiento de su función de intermediación financiera, la captación del ahorro del público para orientarlo hacia el financiamiento de los diversos sectores de la actividad productiva y que, sin embargo, actualmente opera principalmente para el otorgamiento de crédito al consumo, en condiciones verdaderamente onerosas para los usuarios de los servicios.

En México los bancos y las instituciones financieras han cobrado notoriedad en los últimos años, no por su contribución al desarrollo del país como es su responsabilidad, sino por las arbitrariedades y abusos que cometen cotidianamente en contra de los usuarios con toda impunidad. De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cada año se presentan miles de demandas contra los bancos por diferentes delitos que afectan su patrimonio. En 2007 las demandas en la Condusef superaron las 150 mil denuncias; los delitos más frecuentes en el sistema bancario son la desaparición de cuentas bancarias y los cargos indebidos tanto en tarjetas de crédito como de débito. En estas últimas los rubros son de mayor cuantía y gravedad, en virtud de que están sustentados en las propias cuentas bancarias de los usuarios.

En el caso de las tarjetas de crédito, encontramos que existen más de 50 comisiones diferentes por su uso y se aplican discrecionalmente a criterio de las diferentes instituciones bancarias. Lo verdaderamente depredador son las tasas de interés vigentes, que van del 50 por ciento a más del 100% anual, mientras que los rendimientos que ofrecen los bancos a los usuarios en cuentas de ahorros van tan sólo del 1.5% al 8.2% anual. Como podemos observar, el diferencial en los rendimientos a favor de los bancos es abismal, o sea que se trata de un negocio redondo, único en el mundo, en el que se identifica el contubernio oscuro de las autoridades responsables de normar y regular esta actividad.

Como si no fuera suficiente con los ingresos que obtienen por este concepto, también son una constante los cargos indebidos en las tarjetas de crédito, en las que de manera periódica aparecen en los estados de cuenta operaciones que nunca se realizaron. Los montos del fraude son en proporción directa del crédito autorizado. Si respecto a este rubro consideramos que actualmente circulan más de 27 millones de tarjetas, el fraude, o mejor dicho el robo, equivale a muchos cientos de millones de pesos mensualmente.

El reclamo por estos despojos, cuando se hace, regularmente termina en instancias ajenas a los bancos, en lo que por lo general el demandante termina por olvidarse del asunto. Tal es el caso de la Condusef, que funciona como árbitro parcial a favor de la banca ya que sólo demora, distrae y aburre a los reclamantes, y cuando a pesar de todas las trabas se gana el diferendo, aún así los bancos se niegan a pagar y la Condusef se lava las manos, argumentando que no tiene facultades para obligar a la reparación del daño; la pregunta es, sí la Condusef no tiene atribuciones o capacidad legal para resolver estos fraudes o irregulares, cuál es el caso entonces de mantener vivo este elefante blanco.

El Estado también promueve compulsivamente la utilización de las tarjetas de crédito para el pago de todo tipo de servicios, como fue el caso de la gasolina, de la cual, la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público amenazó que si el pago no se realizaba con tarjeta bancaria no se proporcionaría el respectivo comprobante fiscal; a lo que sólo ante el alud de protestas tuvo que dar marcha atrás. Obviamente el propósito de la dependencia era el de favorecer a los bancos con nuevas comisiones, como es el caso de las carreteras de cuota y una lista interminable de beneficios; lo anterior por lo menos genera la duda de una inmoral colusión.

Desde hace un par de años a la fecha, los bancos han emprendido una inexplicable campaña, para la gente común, de prácticamente volantear las tarjetas de crédito en las plazas comerciales de todo el país. Atrás quedaron los requisitos laborales o las referencias de crédito, los promotores abordan a todo el mundo y ofrecen los plásticos sin más requisitos que una copia fotostática de su credencial de elector. Atrás quedó el temible buró de crédito, con toda facilidad acceden a este instrumento la población de bajos recursos que anteriormente estuvo marginada de este servicio.

Millones de tarjetas han sido distribuidas bajo este sistema. Al paso del tiempo un porcentaje muy elevado de usuarios muestra insolvencia para el pago, con lo que los bancos pasan a la fase dos, y que es la de echar mano de un sinnúmero de despachos de abogados, a los que pasan las listas de morosos y así se inicia una desgastante persecución que va desde las amenazas de embargo hasta el terrorismo telefónico en horarios inapropiados, hasta que finalmente el usuario usa las palabras mágicas, no pago y asumo cualquier consecuencia, en ese momento se suspende el acecho. Cabe destacar que los bancos en este proceso no aplican ningún desembolso en virtud de que a los despachos que son contratados se le paga comisión sobre los resultados, lo que ellos inmoralmente sí cobran al usuario o al Estado.

La fase tres consiste, en que dadas las circunstancias de los nuevos usuarios, sólo el 20% de los cobros se materializan y que el 80% restante se identifica como incobrable, por lo que se procede a documentar por una cantidad muy superior al monto del crédito, ya que le aplican gastos de cobranza, gastos legales, multas, intereses sobre intereses, que al final triplican o cuadriplican el monto original del crédito y, si esto lo multiplicamos por los millones de morosos, las ganancias que obtienen los bancos por este concepto, son impresionantes, lo que muestra una enorme carga de inmoralidad y saqueo, ya que una vez documentado se canaliza a través de un pagaré al IPAB, lo que implica que el adeudo se pagará con recursos fiscales, lo cual significa que finalmente lo pagamos todos los mexicanos.

También las cuentas bancarias se han convertido en otro jugoso negocio ilícito de los bancos, pero de mayores proporciones, en las que no sólo se aplican cargos no realizados, al igual que en las tarjetas de crédito, sino que también en trámites de rutina, como es el de solicitar la reposición de una chequera, en donde si no se tiene la precaución de contar cheque por cheque, se tendrá que pasar por la amarga experiencia de que su cuenta desapareció; para ello cuentan con calígrafos que imitan perfectamente las firmas, lo cual complica aún más los reclamos, y esto servirá de base para que el aparato legal de los bancos le revierta la demanda, acusando a las víctimas de auto-robo y con ello se habrá consumado el fraude que no sólo es de miles sino incluso de millones de pesos; de ello dan constancia también, las múltiples denuncias y demandas que son presentadas y subidas a la red y que pueden ser consultadas en www.robosbancarios.com. La postura de organismos como la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, opera como siempre a favor de estos delincuentes de cuello blanco.

Se suma a esta gama de robos y fraudes la llamada “Banca Electrónica”, en la que por disposición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, todas las personas morales (empresas) tendrán que pagar, obligadamente, sus impuestos por esta vía, es decir las oficinas receptoras ya no reciben el pago de impuestos para este tipo de contribuyentes.

Esta medida también beneficia a los bancos, ya que tiene que pagarse una anualidad por el servicio y comisiones por consulta de saldos o cualquier otro concepto. Sin embargo, esto también ha facilitado la actividad depredadora de los bancos, ya que al no existir documentos que sustenten las operaciones, como los cheques firmados, ahora con un teclazo desaparecen las cuentas bancarias o se hacen cargos indebidos, dificultando aún más los reclamos ya que en muchos casos aparecen transferencias a otras partes del país en cuentas patito o del extranjero (regularmente a paraísos fiscales como Islas Caimán o las Bahamas), con lo que se consuman cuantiosos robos en los que difícilmente podrá recuperarse el patrimonio robado. El argumento de los bancos es que los hackers, pishing, pharming, troyanos y virus entran al sistema y cometen todo tipo de ilícitos, cuando lo cierto es que los únicos hackers son los banqueros y sus empleados. La delincuencia organizada está adentro, ellos saben quiénes cometen los fraudes y los encubren e invariablemente niegan información a los defraudados y a las autoridades porque ellos son el foco de infección y los beneficiados.

A todo lo anterior habría que agregar que muchos de los secuestros que cotidianamente se realizan en el país tienen su origen en información proporcionada por los bancos. En innumerables casos los afectados de este delito han señalado que los delincuentes conocían perfectamente el monto de los fondos en sus cuentas bancarias, información que sirvió de base para solicitar el rescate.

La Banca en México (transnacionalizada) es en la actualidad una de las más exitosas del mundo, nuestro país se ha convertido en el mejor negocio que la banca extranjera ha realizado en los últimos años.

Según un reciente informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desprende que de enero a marzo de 2008, la banca obtuvo ingresos del orden de 19 mil 439.2 millones de pesos, esto es 5.2% más que el mismo periodo del año pasado. Es decir que durante los tres primeros meses del presente año, la banca comercial obtuvo esta enorme cantidad de recursos por concepto de: manejo de cuenta, uso de crédito, retiros de cajeros, consultas de saldos, cheques rechazados (por este rubro cobran de $ 800.00 a $ 1,000.00; si el usuario falla se le castiga pecuniariamente, si el banco falla no hay ninguna sanción). Las operaciones son, sobre todo, en tarjetas de crédito y pago de servicios en ventanillas, o sea que para las instituciones financieras en la actualidad no es necesario destinar recursos al crédito productivo, ya que tan sólo con el cobro de servicios y comisiones obtienen beneficios por encima de lo que generarían en cualquier otro país del mundo.

Es importante señalar que en sus países de origen estas instituciones trasnacionales de Estados Unidos y Europa, no aplican estas reglas, que son del todo arbitrarias y depredadoras. La pregunta es ¿Por qué en México sí?, por la intrincada madeja de intereses construidos por las élites políticas y empresariales locales con la banca extranjera radicada en el país.

DE LA NACIONALIZACIÓN A LA TRASNACIONALIZACION DE LA BANCA

Como antecedente de esta intrincada red de intereses que tienen al país en bancarrota, destacamos algunos acontecimientos que marcaron a México en los últimos años.

El inicio de esta inacabable crisis se remonta a 1982, año en que se llevo a cabo la Nacionalización de la Banca, tras la devaluación del peso de 26 a 47 pesos por dólar. Ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional, para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional, el gobierno de López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. La Federación tuvo que desembolsar tres billones de pesos (viejos) para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía en ese momento a 25,000 millones de dólares.

Una vez concretada la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión, cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en la bolsa a costa de la deuda pública interna y ocasionó que la inversión se convirtiera en especulativa. El Crack de la Bolsa Mexicana de Valores detonó en 1987. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York en ese año, aunada a la especulación interna desbocada, provocaron el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar, golpe con el cual prácticamente desapareció la clase media en el país.

La bolsa de valores cayó estrepitosamente el 19 y el 26 de octubre de 1987, con graves repercusiones sobre la economía en general. Así, aunque el PIB creció 1.9% en 1987, al final del año se presentó el crack bursátil y el shock externo por una fuga de capitales que alcanzó los 3,500 mdd. La inflación se disparó a 159.2%, con una devaluación de 140%, que deterioraría el salario real y las condiciones generales de vida de la población.

Pocos años después se da un nuevo golpe de timón para la operación del sistema financiero: la reprivatización de la banca impulsada a partir de 1991. En el marco de la desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo.

Los ingresos por la venta de las empresas paraestatales, ciertamente cuantiosos, no representaban el valor real de los activos enajenados, fueron vendidas a precio de remate a un reducido grupo de privilegiados, como lo muestran incluso las informaciones oficiales. El total de las ventas de empresas paraestatales fue de 23,371 millones de dólares, de los cuales 22,605 millones de dólares correspondían a 15 grupos o empresas, entre ellos 12,355 millones de dólares que se obtuvieron por la reventa de 18 bancos comerciales. Estos, de ninguna manera fueron vendidos a sus antiguos dueños, sino a nuevos empresarios y especuladores, muchos de los cuales se habían enriquecido en forma reciente y escandalosa con el boom bursátil del gobierno anterior, que terminó en un crack financiero con grandes perjuicios para una masa de ilusos que creyeron en el enriquecimiento rápido, pero con enormes beneficios para especuladores expertos y propietarios de las casas de bolsa.

Por otra parte, ya desde el año de 1990 se inicia lo que más tarde quebraría la economía del país, la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el gobierno de Salinas de Gortari instituye el Fobaproa, un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos. El Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras, pero que terminaría convirtiéndose en el mecanismo de corrupción y saqueo más inmoral y rapaz de los tiempos modernos.

EL ERROR DE DICIEMBRE Y LA CRISIS BANCARIA

Tras seis años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el mercado de valores. La combinación de estos factores con diversos acontecimientos políticos, como los magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu así como el levantamiento zapatista en Chiapas, provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito.

A finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. El error de diciembre de 1994, una catástrofe con las causas estructurales anteriormente señaladas, agravada por un pésimo manejo coyuntural, lleno de dudas e indiscreciones desde la propia presidencia de la República, que aumentaron la especulación financiera, termina por dar entrada a 1995 como el año de la más grave crisis sufrida por la economía mexicana.

Esta crisis desencadenó la devaluación del peso, y por lo tanto la imposibilidad de pagar la deuda en dólares denominada Tesobonos en poder de inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Para que el gobierno de México cumpliera con sus compromisos, la Administración del presidente estadounidense William Clinton, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizaron un paquete de rescate por 50 mil millones de dólares a cambio del compromiso de implementar un programa de austeridad que se aplicó a la economía mexicana durante todo 1995 y el embargo de la renta petrolera como garantía.

Este programa provocó, entre otras cosas, que las tasas de interés internas se dispararan y la tasa media pasó del 20 % a finales de ese año, al 109 % a marzo de 1995, esta fue la peor época del México contemporáneo en materia financiera. Además, la crisis iniciada a finales de 1994 generó el peor deterioro del salario y el mayor desempleo de los últimos años por la quiebra de más de siete mil empresas.

Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa en ese momento ascendieron a 552,000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México.

A partir del “error de diciembre” de 1994, una de las principales consecuencias fue la quiebra del sistema bancario. Con el argumento de proteger el ahorro de los mexicanos y asegurar que la banca quedara en manos de inversionistas nacionales, el gobierno del ex Presidente Ernesto Zedillo, instrumentó dos grandes programas, durante el rescate bancario, entre septiembre de 1995 y finales de 1999. Los de intervención, liquidación y fusión de muchas de las instituciones que habían sido reprivatizadas entre 1991 y 1992 y el denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), este último fue el programa central del Fobaproa.

Otro elemento negativo derivado de la crisis de 1995 y de la aplicación de este programa, fue la gran cantidad de litigios y amparos que se dieron y que según estimaciones fueron del orden de los 50, 000 juicios mercantiles.

Con las reformas de 1998 se hizo posible un nuevo cambio en el régimen de propiedad de las instituciones financieras (de propiedad privada mayoritariamente nacional a propiedad extranjera sin restricciones), que en algunos casos implicó una recomposición total accionaria y una modificación radical en sus métodos de gestión.

Como consecuencia de estas fusiones, liquidaciones y transferencias y sobre todo como resultado de la presencia de las filiales de bancos extranjeros, la fisonomía del Sistema Bancario Mexicano de finales de los noventa no tienen ningún parecido con la que tenía en el momento de su reprivatización de 1991-1992 y muchos menos con la banca nacionalizada en 1982, en que fueron nacionalizados y más tarde se decidió que algunos de ellos fueran fusionados para aprovechar las economías de escala. En 1988 comenzó la desregulación y en 1991-1992 cambiaron nuevamente de dueño, para caer en una nueva crisis cuatro años después.

DEL Fobaproa AL IPAB

El Fobaproa concluyó sus funciones en 1999 y dio origen a un clon con el mismo propósito, no de proteger a los ahorradores, si no de mantener un mecanismo de complicidad y corrupción con la banca, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo al cual le fueron transferidos los pagarés del Fobaproa.

Como señalan algunos críticos, el Fobaproa nació y el IPAB creado a finales de 1999 como mecanismo financiero-fiscal, para transferir recursos económicos de manera inequitativa e ilegal, sino también para traspasar productivamente recursos a rentistas del erario. Impidió y sigue impidiendo el acceso al crédito al usuario productivo. Condiciona el estancamiento de la economía y la depresión del ingreso de la población por la corrupción de los sistemas fiscal y de intermediación financiera. La crítica hecha al Fobaproa, es haberlo transformado en deuda pública.

De acuerdo al Informe final de la Comisión Investigadora del IPAB de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados señala que, a pesar de la importancia de la cifra, el gobierno no mostró la intención de rendir cuentas detalladas del destino de estos recursos públicos. Como muestra de esa actitud, cabe recordar que la solicitud de conversión de los pasivos del Fobaproa, en deuda pública se hizo a finales de marzo de 1998, es decir, 39 meses después de haber estallado la crisis y después de haber concluido prácticamente todas las operaciones de apoyo y saneamiento de los Bancos.

Ese Informe al Legislativo revela que, a diciembre de 2004, el costo total de la crisis bancaria ascendía a 1 billón 326 mil millones de pesos (17% del PIB) de los cuales correspondían 202.6 miles de millones de pesos (MMP) al Programa de Apoyo a Deudores (PAD) y 1 billón 123.4 MMP a los “Programas de Apoyo a Ahorradores” (PAA), distribuidos en 968.5 MMP al Programa de Saneamiento Financiero (PSF) y 154.9 MMP al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) hoy Nuevo Programa, ya depurado por operaciones vinculadas.

Ante los enormes costos del rescate bancario en 2004, todo el mundo se pregunta cómo se pasó de una estimación inicial de 379.8 MMP en los primeros informes de la SHCP y el Banxico a la Cámara de Diputados, a 552.3 MMP en la cifra para el análisis legislativo que redundó en el IPAB, después a 754.6 MMP en 1999 y por último al 1 billón 326 MMP en 2004, costo que sigue aumentando.

La profunda opacidad con que opera el IPAB nos recuerda el oscurantismo con que se manejó también la información del Fobaproa en el que la gran mayoría de los mexicanos desconoce la realidad de las condiciones y compromisos que se tuvieron que pactar para llevar a cabo el rescate bancario.

Para que podamos tener una idea de la forma en que está operando actualmente el IPAB, sólo citaremos un caso de las muchas transacciones fraudulentas que se realizan cotidianamente en este organismo:

La empresa propiedad de JE Roberts Company está vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún y con el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

La relación entre Fénix Administración de Activos y los hermanos Bribiesca se descubrió en la LIX Legislatura, como parte de los trabajos de la Comisión Especial que investigó los negocios de la empresa Construcciones Prácticas.

El 1 de abril de 2001 Fénix vendió a Construcciones Prácticas el predio rústico Los Pirules, ubicado en Celaya, Guanajuato, por 4 millones 345 mil 621 pesos; 28 días después le adjudicó el paquete de 275 departamentos en San Francisco Totimehuacan, Puebla, por 20 millones 933 mil pesos.

Ésas no fueron las únicas propiedades de BanCrecer enajenadas a favor de Construcciones Prácticas. El 3 de febrero de 2004 compró los derechos de cobro de 27 créditos, entre los que destaca el condominio Solidaridad en Acapulco, Guerrero, propiedad de Plaza Industrial. El valor en libros de éste ascendía a mil 183 millones de pesos; la transacción se cerró en sólo 8 millones 100 mil pesos.

De acuerdo con las exdiputadas Martha Lucía Micher y Sofía Castro, la empresa Construcciones Prácticas fue una de las más beneficiadas por el IPAB, mediante el aval y protección que se les dio a los hijos de Marta Sahagún desde los pinos.

Fénix también está ligada con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz: el perfil del ahora alto ejecutivo del banco británico HSBC lo identifica como miembro activo de la Junta Consultiva de JE Roberts Cos Inc, propietaria de la administradora.

La red de corrupción, como podemos observar, pareciera no tener fin, en ella se entrelazan autoridades hacendarias, el ejecutivo federal, prominentes empresarios y políticos de relevancia actual con la banca trasnacional.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Por lo que respecta a los amparos, destacan los de los bancos principales que sobrevivieron a la crisis (Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte), para evitar la realización de auditorías a la cartera de créditos. Igualmente 10 bancos, incluyendo los cuatro ya mencionados, se ampararon en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para evitar que las autoridades financieras revelaran información sobre los programas de rescate. El propio IPAB interpuso amparo en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el IFAI.

También, entre los amparos presentados, destacó la inmoral controversia Constitucional interpuesta por el ex Presidente Vicente Fox Quezada, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Federal, en contra de la Auditoría Superior de la Federación por los oficios girados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el IPAB, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó su resolución a favor del ejecutivo y de los bancos y en contra del erario y de la economía del país.

Un análisis elaborado en la Cámara de Diputados señala que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2005, no hubiera cancelado las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que depende de la Cámara de Diputados, las finanzas públicas se hubieran ahorrado poco más de 85 mil 202 millones de pesos.

“La resolución de la SCJN, que invalidó las auditorías efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación y que dio la razón al Poder Ejecutivo Federal en su controversia constitucional le costó al pueblo”.

Este acuerdo que impide la instrucción de la Auditoría Superior de la Federación, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IPAB y el Fobaproa, descontaran los créditos irregulares de cuatro bancos (Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte), que cargaron al Fobaproa por un monto original de 4 mil millones de dólares y que posteriormente se convirtieron en un monto de 64 mil millones de pesos.

Con este dictamen la SCJN prácticamente cerró el rescate y validó muchas de las acciones del Fobaproa, que fueron cuestionadas a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, la resolución de la SCJN fue un duro revés y un error; a los bancos no se les puede exigir que rindan cuentas y se manejen con transparencia. A la propia Cámara de Diputados y específicamente a la ASF, les limitó el poder de ser contrapeso del Poder Ejecutivo Federal.

Lo más lamentable es que, de haberse ejecutado la Ley de manera escrupulosa, la cantidad de 85 mil 202 millones de pesos se hubiera cargado a los bancos por los créditos irregulares operados en sus carteras vencidas. Otro punto aún sin aclarar y que es de llamar la atención, fue el por qué se dejaron sin ejecutar las 62 acusaciones penales promovidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre diversas conductas delictivas detectadas durante las auditorías al proceso del rescate bancario.

Algo inédito en la historia del país es que un presidente de la República (Vicente Fox) haya promovido una controversia constitucional en contra de los intereses de México y anulado el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, para proteger a los banqueros que incurrieron en graves delitos contra el erario, girando instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que cubriera los fraudes cometidos con recursos fiscales o sea con los impuestos que todos pagamos.

EXTRANJERIZACION DE LA BANCA

La extranjerización de la Banca que opera actualmente ha ocasionado que el Estado pierda capacidad de gestión mediante la política monetaria y de crédito para cumplir con su función de rector de la economía. Esto exige una revisión a fondo del marco jurídico que regula y supervisa el funcionamiento de los bancos.

Diversos analistas financieros plantean la necesidad de reimpulsar la banca de desarrollo, en virtud de que la extranjerización de la banca no ha resuelto el problema de financiamiento en México y sí ha desembocado en escándalos de corrupción. El problema es que la confianza en la banca comercial se ha perdido y el propio Banco de México obedece a intereses distintos a los del país.

El pretexto de la “globalización” que acompañó a la extranjerización bancaria, en realidad encubrió un proteccionismo extremo a su corrupción, a su cartelización y a sus márgenes escandalosos de intermediación.

Las profundas distorsiones de esa visión continúan vigentes trece años después. Ignora el gran problema no sólo de honestidad y legalidad en el manejo de estos formidables subsidios de un erario tan erosionado como el mexicano. Al mismo tiempo, profundiza crecientemente la deformación en la función institucional de la banca como intermediario para canalizar eficientemente el ahorro, con costos y márgenes competitivos a usuarios productivos.

La legislación vigente requiere de un profundo análisis y de cambios que permitan al poder legislativo contar con las facultades no sólo para auditar, si no para incidir y contar con el andamiaje legal que le permita impulsar la persecución y encarcelamiento de los delincuentes de cuello blanco y sus cómplices en el gobierno y dar así transparencia al saneamiento bancario.

Podríamos concluir con dos apreciaciones: la primera, del ex presidente de la Comisión Especial del IPAB, en la LIX Legislatura, en la que estimó que llevará más de 70 años a los contribuyentes mexicanos saldar esta deuda con la banca transnacionalizada, y aceptó que para este siglo México está prácticamente hipotecado y, la otra, la nuestra, es que el enemigo público número uno en el país no es el narcotráfico sino la Banca en México.

FUENTES:

  • Del Fobaproa al Ipab, testimonios, análisis y propuestas; Editorial Plaza y Valdés, Ricardo Solís Rosales, Juan Aupinz Birch, Mario Delgado Carrilo y Marcelo Ebrard.
  • El Ipab y Hacienda cargaron ilegalmente al erario 72 mil millones de pesos. Javier Corral Jurado.
  • Ipab: Entre el derrumbe del Sistema Bancario Mexicano y las incongruencias políticas de la Cámara de Diputados. Mayra Rivera Zetina.
  • La Banca Imperial, Agustín Vargas.
  • Ipab corrupción y problemas, Marco Di Costanzo.
  • Se dispara en México número de fraudes por Internet, Eduardo Martínez Cantero.
  • Informe integral sobre la fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, Cámara de Diputados.
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2 Comments

  1. MTRO INDALECIO JAVIER says:

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  2. MTRO INDALECIO JAVIER says:

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    ( MERLIN)

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