CDHDF emite dos recomendaciones por violaciones a derechos humanos en el Metro y en la Procuraduría capitalina

Por primera vez, la CDHDF se pronunció  sobre las necesidades de mantenimiento y operación del Metro.  En 23 años de existencia de la CDHDF, el Derecho a la Educación Inclusiva de las niñas y niños con discapacidad, es el eje central de la investigación.

 

Por: Alberto Vega Vieyra*

México, Dic. 8.-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 14/2016 por la deficiente calidad en la prestación del servicio público otorgado por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en el contexto del alza a la tarifa y su posterior aplicación y aprovechamiento.

De igual forma, dirigió la Recomendación 15/2016 a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) por la violación al derecho a la educación inclusiva, en relación con niños y niñas con discapacidad.

La Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, detalló que en la Recomendación 14/2006 también se documentaron detenciones ilegales y arbitrarias, y obstaculizaciones de la manifestación pública y protesta social como ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por la inconformidad ante el alza de la tarifa.

Indicó que dicho instrumento recomendatorio fue dirigido al Sistema de Transporte Colectivo, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en su calidad de autoridades responsables; así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en su calidad de autoridad colaboradora.

La CDHDF, explicó, constató violaciones a los siguientes derechos: a un nivel de vida adecuado, a la movilidad en relación al servicio público de transporte, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, y a la libertad de expresión en relación con la manifestación y la protesta social.

La Ombudsperson capitalina indicó que las violaciones a derechos humanos corresponden a tres casos contenidos en 13 expedientes de queja, documentados por la Tercera Visitaduría General. Estos expedientes se vincularon a quejas interpuestas entre los años 2013 y 2016 por personas inconformes con la actualización de la tarifa del Metro.

Al respecto, la Doctora Perla Gómez Gallardo explicó que se generó un movimiento de protesta social identificado con la frase “PosMeSalto”, que alentaba a las personas usuarias del Metro e inconformes con el alza a “saltar” o pasar por debajo de los torniquetes y a no pagar. Durante estas manifestaciones, dijo, se constató que agentes de la policía asignados a la vigilancia de distintas estaciones, ante la falta de capacitación, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias, actos de censura y hostigamiento hacia las personas que participaban en la protesta.

Agregó que con el ajuste de 2 pesos a la tarifa en el año 2013, el Metro se comprometió a llevar a cabo diversas acciones de mantenimiento, actualización de tecnología, reparaciones, etcétera. Sin embargo, las autoridades de dicho sistema de transporte reconocieron posteriormente que dichos montos por el ajuste de la tarifa eran insuficientes para llevar a cabo estos proyectos.

En ese sentido, señaló que luego de 47 años de servicio del Metro, el mantenimiento mayor de los trenes y el reemplazo del material obsoleto es una prioridad para su funcionamiento.

La Presidenta de la CDHDF enfatizó que el Metro -como servicio público de transporte y para la movilidad- es indispensable, ya que mejora la conectividad, promueve actividades económicas en la ciudad, impulsa la productividad, reduce el tiempo perdido en trayectos y puede mejorar la calidad de vida de las personas.

La Recomendación 14/2016 consta de un total de 11 puntos, entre los que destacan: elaborar un diagnóstico sobre el servicio y las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo que le permita identificar las necesidades de operación y mantenimiento; revisar y fortalecer los mecanismos de recepción y atención de quejas, comentarios, reporte de fallas, incidentes y necesidades de mantenimiento, para una mejor prestación del servicio.

Respecto a la Recomendación 15/2016, la Doctora Perla Gómez Gallardo destacó que es la primera ocasión en la que el Derecho a la Educación Inclusiva de las niñas y niños con discapacidad es el eje central de la investigación llevada a cabo por la CDHDF.

Relató que a una peticionaria, quien labora en la Procuraduría capitalina, se le negó la prestación de guardería y preescolar para su hijo en el Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil (CEPDI).

La Presidenta de la CDHDF explicó que dicha negación ocurrió luego de que se le realizó un análisis de historia clínica a su hijo, donde se concluyó que presentaba un retraso de desarrollo psicomotriz y de lenguaje.

Cabe subrayar que la negación por esta causa está estipulada tanto en el Manual Administrativo de la Procuraduría como en el Manual Específico de Operación del CEPDI.

Por lo anterior, la CDHDF constató que la negación de la prestación de guardería a la víctima, así como el acceso a la educación, se llevó a cabo con base en criterios subjetivos, irracionales, desproporcionados y contrarios al enfoque de derechos humanos.

La Ombudsperson capitalina enfatizó que la denegación a los servicios educativos y de cuidados, así como la negativa de realizar ajustes razonables, constituyó un trato discriminatorio por parte de la PGJCDMX -violatorio del Derecho a la Educación Inclusiva- en condiciones de igualdad y no discriminación de la persona menor de edad con discapacidad.

Este Organismo Público Autónomo, dijo, espera que el presente caso sirva como ejemplo a otras instancias que prestan servicios de educación, a fin de que deroguen de sus reglamentos y manuales toda norma que sea contraria al principio de igualdad y no discriminación, o alguna restricción de acceso a los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad.

Para la CDHDF, insistió, no son nuestros sistemas educativos los que deben determinar a qué niñas o niños admiten, sino que el sistema escolar de un país debe adaptarse para responder a las necesidades de todas y todos los niños.

La Doctora Perla Gómez Gallardo consideró indispensable que la Procuraduría capitalina realice acciones necesarias para garantizar entornos inclusivos en el ámbito educativo, para que los hechos presentados en la Recomendación 15/2016 no vuelvan a repetirse.

Entre los puntos recomendatorios de este instrumento destacan: indemnizar de manera integral a las víctimas por concepto de daño material e inmaterial, y la realización de un diagnóstico de accesibilidad a las instalaciones del CEPDI que permita planificar e implementar medidas a corto, mediano y largo plazo para garantizar un servicio inclusivo, considerando las necesidades de las niñas y los niños inscritos en dicho Centro.

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