Reforma constitucional para impulsar desarrollo metropolitano

  • Dijo que el marco jurídico constitucional actual no puede resolver ciertos temas.
  • La modificación debe obligar a los municipios a implementar un mecanismo de gobierno metropolitano.

Una nueva visión de desarrollo urbano y de las metrópolis del país, requiere una reforma constitucional antes que cualquier cambio a las leyes en la materia, porque hay temas que no se pueden resolver con el marco jurídico constitucional actual, refirió la senadora María Elena Barrera Tapia.

 

Explicó que el objetivo de esta reforma es planear una modificación de fondo a la forma en que se debe obligar a los municipios a implementar un mecanismo de gobierno metropolitano.

 

La presidenta de la Comisión de Vivienda anunció que este órgano legislativo elabora una propuesta de iniciativa para modificar la Carta Magna, y especificar las responsabilidades en los distintos órdenes de gobierno. Este proyecto buscará convertirse en una ley general de vivienda.

 

No obstante, aclaró que en el Senado no se ha estancado este tema, y se ha avanzado en la legislación secundaria, por ejemplo, con modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos.

 

Barrera Tapia expuso que la tendencia para el desarrollo de las ciudades debe tener su base en el concepto de “densificación”, que se retoma en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. La densificación urbana es la intensificación del uso del suelo, que incluye la construcción vertical y la rehabilitación de terrenos subutilizados.

 

Durante la presentación del estudio “México Compacto: Las condiciones para la densificación urbana inteligente en México”, realizado por el Senado en conjunto con la Fundación Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas (Idea), señaló que la densificación debe ser pensada como un proyecto a largo plazo, porque la vida de las metrópolis se mide en décadas.

 

El documento estima que para implementar la densificación en una ciudad se tiene que tomar en cuenta la carga urbana, para determinar el nivel óptimo de densidad, hacer la distinción entre derecho de propiedad y derecho de desarrollo inmobiliario, mantener un sistema de información geoespacial integral, la coordinación entre órdenes de gobierno, promover la participación pública en el desarrollo urbano, responder a los asentamientos irregulares y fomentar el liderazgo urbano a largo plazo.

 

En ese sentido, la legisladora mexiquense dijo que la Comisión de Vivienda del Senado se encuentra trabajando en coordinación con diferentes instancias de gobierno, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), organizaciones civiles, investigadores y académicos para que la densificación de las ciudades sea incluyente, sostenible e integral.

 

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