Comisión de Justicia impulsa tribunales para tratamiento de adicciones

  • Se trata de una alternativa de rehabilitación y prevención de la reincidencia delictiva.
  • El modelo vincula sistemas de justicia y de salud, seguridad ciudadana y organización civil.

La Comisión de Justicia del Senado de la República impulsa la incorporación de tribunales para el tratamiento de adicciones al marco jurídico, como una alternativa de rehabilitación y prevención de la reincidencia delictiva, dirigida a personas que comentan infracciones menores para mantener o financiar su dependencia a las drogas.

 

En este sentido, las senadoras Arely Gómez González y Angélica de la Peña Gómez, secretarias de este órgano legislativo, se reunieron con representes de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), quienes les explicaron cómo funciona este esquema planteado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Al inicio del encuentro, Antonio Lomba dejó en claro que el modelo no vincula de manera directa el consumo de drogas con la comisión de delitos, sino que mezcla la necesidad de que el sistema de justicia atienda, desde el punto de vista de la salud, a una parte de la población que se enfrenta una enfermedad crónica.

 

Se trata, precisó el Jefe en Funciones de la Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales de la CICAD, de responder al mandato de contar con alternativas que no incluyan el encarcelamiento para este tipo de infractores.

 

Acotó que en 2010, los estados que forman parte de la OEA reconocieron que la adicción a las drogas es un problema de salud pública que se tiene que abordar con diferentes medidas, entre ellas, un programa de prevención del delito que evite la reincidencia delictiva y permita el tratamiento de las adicciones.

 

Destacó que este tipo de tribunales ya operan en Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Irlanda, Reino Unido, Bélgica y Jamaica. En México, agregó, gracias a un acuerdo con el gobierno, el esquema está en práctica en Nuevo León, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Durango.

 

En tanto, Alberto Amiot, juez de la CICAD, señaló que actualmente se cuenta con sistemas carcelarios “absolutamente rebasados”, de ahí la necesidad de construir nuevos enfoques que combinen acciones de los sistemas de justicia y de salud, así como del ámbito de la seguridad ciudadana y la organización civil.

 

Además, destacó la rentabilidad social del programa, pues dijo, “es mucho más barato gastar en rehabilitación que en encarcelamiento”. Dijo que el costo para mantener en prisión a una persona fluctúa de los 25 a los 50 dólares diarios, pero el tratamiento para las adiciones no supera los 600 dólares.

 

Luego de la intervención de los ponentes, la senadora Arely Gómez González manifestó el interés del Senado por “trabajar en este tema porque es el complemento” para asuntos relacionados con las leyes de ejecución de sanciones y de justicia para adolescentes infractores.

 

Sabemos que hay estados de la República que han implementado este tipo de propuestas, particularmente Nuevo León, “pero a lo que queremos llegar es a que esto sea de aplicación nacional, que podamos hacer una ley nacional para este tema”, expresó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional.

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Angélica de la Peña Gómez consideró que el tema de los tribunales para el tratamiento de adicciones debe ser tomado en cuenta en los dictámenes sobre dichos ordenamientos.

 

“Estamos en una discusión muy intensa e importante en distintas comisiones para transformar los reclusorios de nuestro país. Estamos ya en el dictamen de la ley de ejecución penal y me parece que lo que ustedes nos vienen a plantear tiene que ser tomado en consideración para la revisión de lo que compete a esta ley”, dijo.

 

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